El número 2 de Jorge Rodríguez ante el juez: “Había un equipo jurídico de garantías, o eso se decía, para contratar”
Ricard Gallego, el número dos de Jorge Rodríguez, ha declarado este miércoles ante el juez del caso Alqueria, y se ha desvinculado de las posibles irregularidades en las contrataciones de altos directivos en Divalterra.
Para empezar Gallego ha destacado que, pese a que los contratos en cuestión fueron firmados en 2015, él accedió al puesto de gabinete en 2016, cuatro meses después de la firma, y que él supo de la existencia de informes contradictorios en 2018, tras salir publicados en prensa. Añade que la firma de estos contratos no se encontraba entre sus preocupaciones “porque había un equipo técnico y jurídico de garantías, o eso se decía, para gestionarla”. Detalla de este modo que había “dos gerentes, un director jurídico de reconocido prestigio, el secretario de la Diputación, el interventor, auditorías contables y de legalidad...”. Y se pregunta: “¿Y nosotros teníamos que estar pendientes de cómo se contrataba a siete personas?”.
De este modo Ricard Gallego ha apuntado a su predecesor como jefe de gabinete en la Diputación, José Manuel Orengo, quien en su momento también declaró ante el juez como testigo para asegurar que el “empastre” se produjo con posterioridad a su etapa.
Acabar con el proyecto de Rodríguez
Ricard Gallego en su declaración, que no ha omitido respuestas a ninguna de las partes aunque la Fiscalía no le ha interrogado, ha cuestionado la necesidad de detener al entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y a su equipo por un caso como este: “A todo el mundo le pareció una barbaridad”.
El número dos de Jorge Rodríguez también ha puesto de manifiesto que “algunos y alguna aprovecharon el caso para intentar acabar con el proyecto político de Jorge Rodríguez, pero en Ontinyent les pararon los pies”. De esta forma se refería a su renovada mayoría absoluta en la capital de la Vall d'Albaida donde la amplió hasta los 17 concejales con su nueva formación independiente.
A su salida del juzgado Gallego ha añadido que “en el caso Alqueria no verán ni cuentas en Luxemburgo, ni testaferros, ni sobornos porque sólo se trata de determinar si siete personas estuvieron mal o bien contratadas en una empresa pública”.
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