El de Federico García Lorca es quizá el caso más conocido, por mucho que algunos libros escolares se empeñen en maquillarlo. Fue “el primer muerto LGTB en la dictadura franquista”, como lo define Antoni Ruiz, otra víctima de la dictadura. Ruiz tenía 17 años cuando le aplicaron la Ley de Vagos y Maleantes y pasó 94 días en prisión por su condición sexual. Casi 30 años después, consiguió que el Estado le indemnizara y comparaba su experiencia durante el franquismo con la de los homosexuales en los campos de concentración nazis. Fundó en Xirivella la Asociación de Ex-Presos Sociales para asesorar y ayudar a las personas homosexuales que fueron condenadas en la dictadura.
Por la memoria de Ruiz y de cientos de personas que fueron encarceladas y torturadas por su orientación sexual durante el Franquismo, Ernesto Gómez organizó el jueves unas jornadas en el Palau de Pineda bajo el título 'Memoria, diversidad y derechos de convivencia''.
Gómez es, además de activista, agente de la Policía Local de Valencia, coordinador de la Asociación de Policías Gays y Lesbianas y especializado en derechos humanos. La asociación es la primera agrupación de Policías LGBTI y se dedica a combatir los delitos de odio, también en el cuerpo.
En las jornadas participaron, además de Antoni Ruiz y del organizador, la diputada de Igualdad, Isabel Garcia, la concejala de Derechos Civiles de la Pobla de Vallbona, Regina Llavata, el teniente alcalde de Humanes (Madrid), Pedro Hernández, quien ha puesto el foco en la falta de iniciativa de muchos ayuntamientos en esta materia. Jordi Pilar, de CCOO Castellón, y Jesús Salmerón, asesor de la mesa de les Cortsrepresion LGTBI, también contaron sus experiencias.
El objetivo de las jornadas, según Gómez, era “restaurar la memoria de los represaliados homosexuales” y construir un marco de convivencia, trabajando la memoria histórica y los derechos humanos, una propuesta pionera en el territorio valenciano. Una propuesta contra la amnesia colectiva o el olvido forzoso de cientos de víctimas del franquismo.
En 1970, la Ley de Vagos y Maleantes, que declaraba “en estado peligroso” al homosexual, cambió su nombre por el de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, donde las personas homosexuales eran sujetos “a rehabilitar”. Hasta 1979 ser homosexual se consideraba un delito en España y, todavía hoy, es motivo de discriminación en el trabajo y de insultos y agresiones físicas en la calle.