Carlos Fabra atendía una doble agenda como presidente de la Diputación de Castellón: la institucional de cara al público y la que trataba con personas a las que cobraba por intermediar ante grandes empresas. El juez instructor de la causa que investiga a Fabra, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha acreditado una supuesta comisión de 100.0000 euros por parte del empresario fallecido Arturo Beltrán Picapeo por “labores de intermediación” ante el entonces alcalde popular de Onda (Castellón) Salvador Aguilella para la construcción de una superficie comercial de una conocida marca deportiva.
Para disimular el ingreso de los 100.000 euros, la constructora Ebrogan SL y el expolítico del Partido Popular firmaron un contrato con opción a compra, intervenido en los registros policiales de la vivienda de Fabra, sobre tres fincas en una urbanización de Borriol (Castellón). El contrato no indicaba las referencias catastrales por el sencillo motivo de que “nunca fueron propiedad” de Fabra, según apunta el juez Jacobo Pin en su auto. El documento, apunta el magistrado, serviría para “dar cobertura legal” a esta entrega de fondos.
En el registro de la vivienda del expolítico del PP, la Policía intervino además una carta, con fecha del 9 de enero del 2012, remitida por la mercantil Ebrogan SL a Carlos Fabra “agradeciéndole las gestiones realizadas” con el entonces alcalde de Onda, el popular Salvador Aguilella, para el suministro de agua al centro comercial.
En el mismo disco duro externo intervenido consta un correo electrónico a un alto directivo de un conocido supermercado valenciano en el que aporta el contacto del empresario Arturo Beltrán Picapeo, que estaba interesado en ofertar a la cadena de distribución alimentaria terrenos en distintos lugares de España. En el e-mail, reproducido en el auto, Carlos Fabra indica que el constructor ya ha manejado terrenos para otras grandes empresas.
“Esto indica”, afirma el magistrado, que Fabra “realizó al menos en dos ocasiones labores de intermediación en favor de Arturo Beltrán Picapeo mientras ocupaba el cargo de presidente de la Diputación de Castellón, recibiendo a cambio una contraprestación económica por valor de 100.000 euros, simulándose entre ambos un contrato de opción de compra”.