Las siete medidas del juez del caso Bárcenas para acabar con la lacra “sistémica” de la corrupción
El juez que ha investigado en la Audiencia Nacional los casos Bárcenas y Gürtel, Pablo Ruz, ha defendido este jueves en Valencia la necesidad de crear juzgados especializados contra la corrupción y otras seis medidas para acabar con un “problema sistémico” en España.
Ruz (Madrid, 1975) ha perorado sobre “La investigación de las causas de la corrupción” invitado por la conselleria de Transparencia en el marco de la celebración del Día Mundial contra la corrupción.
Miembro de la asociación “Otro derecho penal es posible”, formada por juristas progresistas, Ruz ha sido presentado por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que lo ha definido como “una estrella fugaz que ha iluminado el oscuro cielo de la corrupción”.
El magistrado, actualmente al frente de un juzgado de Móstoles tras acabar su periodo como juez sustituto en la Audiencia Nacional, ha mencionado la falta de medios -España invierte en este asunto un 0,9% del PIB por el 2,1% en Europa- como uno de los problemas para luchar contra la corrupción.
Como el problema, lejos de desaparecer, persiste -según datos oficiales en 2015 había 1.100 causas abiertas por corrupción por apenas 300 en 2010-, Ruz ha propuesta siete medidas contra una lacra contra la que ya se cuenta, opina, con una legislación adecuada. Estas son las medidas propuestas por el exmagistrado de la Audiencia Nacional.
1.-Creación de juzgados especializados al estilo de la Fiscalía Anticorrupción. Pese a la falta de medios de este organismo especializado de la acusación pública, cree que su funcionamiento es eficiente.
2.-Protección al delator, “whistleblower” en la jerga jurídica internacional, al estilo de Estados Unidos y el Reino Unido. En opinión del juez, casi siempre compensa absolver al delator que colabore con la justicia para romper desde dentro una trama corrupta.
3.-Limitar el número de partes -que lastran la rapidez y sencillez de los procesos- regulando mejor la acusación popular -la personación en el caso de partes sin interés directo en el proceso que defienden el interés general. También, separar en procedimientos distintos la depuración de la responsabilidad penal de las eventuales consecuencias civiles -pago de indemnizaciones, por ejemplo- generadas.
4.-Suprimir los aforamientos, “privilegios procesales”, según el juez, de los que disfrutan cargos públicos. Al obligar al que algunas causas sean tratadas en juzgados diferentes al ordinario -la fallecida Rita Barberá, que era senadora, en el caso Taula, por ejemplo- ralentizan la instrucción.
5.-“Empoderar la instrucción”. Dotar a los juzgados de expertos como peritos u otros profesionales cuya opinión independiente sea emitida sin dudas de su imparcialidad y con mayor rapidez que ahora, cuando casi siempre hay que recurrir a profesionales ajenos a la administración de justicia.
6.-Mejorar la cooperación internacional. Aunque, según Ruz, países donde habitualmente se esconde el dinero robado como Suiza o Andorra están colaborando ahora de manera más satisfactoria, algunas comisiones rogatorias -petición de ayuda a jueces de otras países- tardan años en dar resultados.
7.-“Cooperación interna con la instrucción”, o un llamamiento a los bancos para que agilicen sus respuestas a la justicia. El juez se ha mostrado comprensivo con la carga de trabajo que algunas causas imponen a las entidades financieras donde se ha guardado o desde donde se ha transferido dinero procedente de casos de corrupción, pero ha pedido un esfuerzo.
