Alfonso Grau, exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, se sentará en el banquillo de los acusados por la pieza A del 'caso Taula', relativa a la financiación de las campañas electorales del PP en 2007 y 2011 mediante entregas opacas de contratistas del consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia considera a Grau como presunto autor de los supuestos delitos de malversación y cohecho y le pide 2,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
La resolución también envía al banquillo por un supuesto cohecho a la exsecretaria del grupo municipal 'popular', María del Carmen García Fuster, y (por una presunta malversación) a José Salinas, responsables de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), y Juan Eduardo Santón, de la entidad Centro de Estrategias y Desarrollo (CEYD).
Ambas, controladas en última instancia por Alfonso Grau, inyectaron ingentes fondos en la presunta red de empresas que financió las campañas de los populares, especialmente en el grupo Laterne del fallecido empresario Vicente Sáez. “Se sacó el dinero de esas fundaciones en favor de Laterne” para sostener las “necesidades del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia”, concluyó la instrucción.
El juez requiere, en el plazo de un día, una responsabilidad civil de 1,5 millones para Salinas y de 850.000 euros para Santón. Inicialmente, la pieza A del 'caso Taula' investigaba por un presunto blanqueo de capitales a medio centenar de ediles y asesores del grupo municipal de Rita Barberá en las elecciones del 2015. Sin embargo, un polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia desinfló la causa librando a los investigados de su procesamiento por blanqueo.
La resolución distinguía entre “dinero negro” y “dinero sucio” y avalaba que los ediles y asesores del PP de Valencia recibieran dos billetes de 500 euros sin conocer su origen delictivo.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto, que contaba con un contundente voto particular de la magistrada progresista Clara Bayarri. La jueza discrepante argumentaba que los ediles y asesores populares conocían el “probable origen delictivo” de los dos billetes de 500 euros que recibieron de los fondos en B del PP municipal tras hacer un ingreso por la misma cantidad al partido justo antes de la campaña que acabaría con los 24 años de hegemonía popular en el Ayuntamiento de Valencia.
La sección cuarta rechazó el recurso del fiscal y abocó al Ministerio Público a plantear un recurso de queja ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal desestimó el recurso de Anticorrupción, dando el carpetazo definitivo a una causa en la que se sentaba casi medio centenar de personas, entre concejales y asesores, del equipo de Rita Barberá.
Así, sólo Grau, García Fuster, Salinas y Antón se sentarán finalmente en el banquillo por las campañas electorales del 2007 y del 2011, en las que el PP manejó millones de euros en entregas opacas de contratistas municipales al margen de la contabilidad oficial.
Alfonso Grau también es uno de los principales investigados en el 'caso Azud'. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que Grau se embolsó dos millones de euros de la presunta trama corrupta.