El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de València ha dictado el auto de apertura de juicio oral a la agitadora ultra Cristina Seguí, acusada de revelar datos de una menor acogida por un matrimonio homosexual. Seguí fue juzgada recientemente por haber difundido imágenes de menores víctimas de una agresión sexual grupal. La resolución del instructor señala como órgano competente de la causa los juzgados de lo Penal de València y emplaza al letrado de Cristina Seguí a presentar el escrito de defensa en un plazo de 10 días. La Fiscalía, tal como informó elDiario.es, solicita una pena de cuatro años y medio de prisión por tres presuntos delitos contra la intimidad, con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual.
La agitadora ultra, según la acusación pública, proporcionó en un video emitido en un canal de ultraderecha en Youtube “datos de identidad” de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana y del matrimonio acogedor de la niña.
Seguí, fundadora de Vox en València (formación que abandonó por discrepancias internas), publicó un video el 4 de noviembre de 2022 en el que “se proporcionan datos de identidad tanto de la menor como de la pareja acogedora”, incluyendo “tanto sus nombres y apellidos como la profesión y cargo de uno de ellos y el lugar de su residencia”. También lanzó “comentarios despreciativos por razón de su orientación sexual”, según mantiene la Fiscalía.
La situación legal de desamparo de la menor, acogida por un matrimonio homosexual, está inmersa en media decena de procedimientos judiciales impulsados por los abuelos paternos biológicos, incluyendo una querella contra la Conselleria de Igualdad. En un mensaje en X (antiguo Twitter), Seguí aseguraba que la “bebé robada” fue “entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de [Mónica] Oltra” y uno de cuyos componentes ostenta un cargo en el PSPV-PSOE en una localidad que este periódico omite para proteger la intimidad de la menor.
“Odio y amenazas” al matrimonio
La agitadora de extrema derecha, muy activa en redes sociales, afirmaba que se trataba de un supuesto “experimento de ingeniería social” de entrega de bebés “a colectivos afines a sus votantes (...) como prebenda”.
Los dos padres acogedores tuvieron que cambiar de domicilio y de vehículo a consecuencia del “sinfín de descalificativos y comentarios homófobos, cargados de odio y amenazas”, según la acusación particular.
El Ministerio Público solicita para Seguí la prohibición de aproximación a 500 metros y de comunicación tanto con la menor como con el matrimonio por un periodo de cinco años. También pide la prohibición del acceso a la red social X durante el mismo periodo, así como el “decomiso de los contenidos publicados”.
La acusación particular considera que al revelar la identidad de uno de los acogedores de la niña, del que dio datos personales como el nombre, apellidos, profesión y lugar de residencia, Cristina Seguí “vulnera gravemente el interés e intimidad de la menor”.