Un jurado juzgará a Francisco Martínez, exalcalde de la Vall d'Alba y ex vicepresidente de la Diputación de Castelló, a su hija Andrea Martínez y al promotor Raúl Babiloni por adquirir fincas en la localidad castellonense que poco después eran recalificadas para planes urbanísticos. A lo largo de la instrucción, sostiene el juez Jacobo Pin en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, han aflorado indicios suficientes de los presuntos delitos de fraude contra la Administración Pública y blanqueo de capitales contra el que fuera alcalde de Vall d'Alba durante 24 años.
El informe de la Unidad de Policía Judicial incorporado a la causa detalla las fincas adquiridas por el expolítico del Partido Popular y su socio promotor en la localidad a través de varias mercantiles poco antes, en ocasiones apenas unos días, de la presentación de los programas urbanísticos del Plan Parcial Residencial Pla de Parc, del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Mas de Lluna y de la ampliación del casco urbano de Vall d'Alba.
La Policía destaca que el exalcalde, conocedor del contenido de los programas urbanísticos, adquirió a través de una sociedad a nombre de su hija terrenos “para luego lucrarse con su venta por un precio muy superior” a Calviga SA, una promotora de Lubasa. Esta firma, “por sus contactos” con el alcalde del PP, “conocía de antemano o tenía la seguridad” de que los programas urbanísticos los iba a aprobar el gobierno municipal liderado por Francisco Martínez.
Antigua mano derecha de Carlos Fabra, Martínez ha intervenido en “numerosas compraventas”, tanto en su condición de alcalde como de particular, con la filial de Lubasa. Luis Enrique Batalla Reigada, hijo del histórico empresario Luis Batalla y administrador de Becsa SAU, es uno de los investigados en la causa que instruye el mismo juez, sobre el presunto “enmascaramiento” del patrimonio familiar de Carlos Fabra, en la que también se han hallado terrenos del expresidente de la Diputación de Castelló colindantes con los de su entonces mano derecha Francisco Martínez.
El exalcalde reconoció que era socio de varias empresas que adquirieron las fincas pero negó que conociese que los terrenos estuvieran afectados por un plan urbanístico, algo que el juez instructor no se cree. Jacobo Pin, una auténtica pesadilla para el fabrismo, considera que “es lógico presumir” que el entonces primer edil “tenía conocimiento de cualquier proyecto urbanístico que se estuviera fraguando” en el municipio castellonense, “como corresponde a todo cargo público que ejerza con responsabilidad su puesto, y más en localidades del tamaño de la Vall d'Alba”.
El procedimiento, indica el auto, tiene por objeto determinar si el exalcalde y “su círculo personal más próximo” pudieron aprovecharse de “su conocimiento en materia de futuros proyectos”, por lo que resulta irrelevante que Martínez no tuviese intervención directa en los proyectos urbanísticos, tal como arguyó en su declaración. Además, el magistrado desliza que esa línea de defensa podría considerarse un indicio más contra el exalcalde al haber tratado presuntamente de que no constase su intervención “en ninguna de las actuaciones urbanísticas de las que presumiblemente pretendía beneficiarse”.
El juez también advierte indicios de blanqueo de capitales, “al haberse podido trazar con relativo detalle el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo, relación de causalidad entre los actos de blanqueo y una previa actividad delictiva que nos permite afirmar la procedencia ilícita del patrimonio a blanquear”.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló estimó los recursos de los investigados y acordó la nulidad del auto de la anterior titular del juzgado que daba inicio a la fase intermedia del procedimiento abreviado hace más de dos años. El juez reconoce que “resulta comprensible” que la resolución de la Audiencia suscite “interpretaciones tan variadas por las partes” que ni tan siquiera coinciden “en qué estado actual” se encuentra el procedimiento. El instructor recuerda que la Audiencia de Castelló, a pesar de que consideraba que no se reunían los requisitos legales para la apertura del juicio oral, sí que ve indicios de delito y, además, en ningún caso acordó el sobreseimiento de la causa.
El Ministerio Fiscal solicitó una serie de diligencias, al igual que el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, una opción que el juez instructor rechaza en su auto. Así, el magistrado ha citado a las partes el próximo 5 de febrero para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir nuevas diligencias de investigación.
El vecino Carlos Fabra
El juez Jacobo Pin instruye también la causa que investiga el presunto intento de “enmascaramiento” del patrimonio familiar de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló. Durante la investigación secreta al otrora todopoderoso político del PP, los investigadores de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional hallaron fincas propiedad de Fabra y de su exesposa colindantes con las fincas de Francisco Martínez y situadas en los terrenos de los extintos programas de actuación integrada de los sectores Mas de Lluna y L'Arc del Plan General de la Vall d'Alba. La parcela 355 es propiedad de Carlos Fabra y la 356 es de su antigua mano derecha. La exesposa de Fabra es titular de un tercer terreno, en la partida de L'Arc.
La parcela 355, de 8.977 metros cuadrados, la compró en julio del 2008 la mercantil Lirinlor SL, una sociedad dedicada a “actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina”. La firma, tal como informó este diario, es propiedad del exasesor de Fabra en la Diputación Alejandro Lorca Heredero, imputado en la causa. Sin embargo, los 350.000 euros pagados para adquirir el terreno salieron de una cuenta a nombre de Carlos Fabra y se justificaron como “préstamo personal” del expolítico del PP a la mercantil.
El magistrado sostiene que la adquisición de las fincas está relacionada con un cheque de 30.000 euros que pagó María Durá Tomás, la suegra del exalcalde de la Vall d'Alba, a una cuenta de Carlos Fabra en 2012 por un “presunto préstamo” con un plazo de devolución de tres meses que, según Francisco Martínez, le otorgó a su exjefe en la Diputación por las “relaciones personales existentes” y porque su amigo Fabra tenía “necesidad”. El “presunto préstamo” le ha costado a Francisco Martínez una nueva imputación en la nueva causa que afecta a Carlos Fabra y a destacados empresarios castellonenses.