El juez Jacobo Pin no para ni un minuto. El demoledor informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sobre el intento de “enmascaramiento” del patrimonio por parte del expresidente de la Diputación de Castellón y su entorno familiar, ha aportado tales indicios que la Fiscalía solicitó al magistrado la reapertura de la causa que investiga el campo de golf de Borriol y a la familia del golfista Sergio García, tal como informó este diario.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, según ha confirmado elDiario.es, ha estimado la solicitud del Ministerio Fiscal y ha reabierto la causa que investigaba la cesión del campo de golf La Coma de Borriol a la familia del golfista internacional Sergio García. El magistrado dispone ahora de un plazo de investigación inicial de 12 meses para la práctica de diligencias solicitadas por la Udef sobre diferentes cuentas bancarias, participaciones en sociedades y transferencias de fondos.
La reapertura ha sido motivada por el informe de la Udef que analiza las operaciones de trasvase de fondos entre empresarios de Castelló a cuentas bancarias de la familia Fabra. Los padres del golfista pagaron un cheque de 100.000 euros al expolítico del Partido Popular por un presunto préstamo, según declaró Victoriano García ante el juez. Además, la mercantil Golf Borriol SA, cuyo administrador único es el padre del golfista, abonó 30.000 euros al hijo de Fabra por otro supuesto préstamo que habría hecho el hijo de Fabra a la asociación de socios del club de golf y que fue finalmente asumido por la sociedad que gestiona el club de Borriol.
La causa nació en julio del 2016 tras una denuncia por delitos societarios interpuesta por dos socios y liquidadores solidarios de Golf del Mediterráneo SL contra nueve miembros del consejo de administración de esa mercantil, entre ellos Carlos Fabra, y la sociedad Golf Borriol SL. Los denunciantes aportaron al juzgado documentación que apuntaba a una serie de supuestos acuerdos lesivos adoptados por mayorías ficticias en Golf del Mediterráeno SA que habrían permitido a Golf Borriol SL apropiarse de unos terrenos por 425.000 euros valorados en aproximadamente 9,6 millones de euros.
Un año después, el juez acordó el sobreseimiento de la causa, una decisión confirmada por la sección primera de la Audiencia de Castellón. La instrucción de la causa no apreció indicios de la comisión de los delitos societarios denunciados, decisiones abusivas o perjudiciales para Golf del Mediterráneo SA ni que los acuerdos del consejo se adoptaran por medios o procedimientos ilícitos mediante mayorías ficticias.
La investigación que ha llevado en secreto durante tres años el magistrado ha destapado una serie de operaciones sospechosas de trasvase de fondos entre empresarios de primera línea de Castelló y la familia del otrora todopoderoso presidente de la Diputación. El auto del juez ha destapado que el proceso de presunto “enmascaramiento” del patrimonio de Fabra ha aportado nuevos indicios que afectan a otros sumarios por presuntos casos de corrupción.
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