Las dos parcelas colindantes de un polígono de Vall d'Alba, en Castellón, suman 16.898 metros cuadrados. La parcela 355 es propiedad de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y la 356 es de Francisco Martínez, exvicepresidente de la institución provincial y exalcalde de la localidad, imputado por corrupción. Al juez que investiga a Fabra por el presunto “enmascaramiento” de su patrimonio le ha llamado la atención que las fincas de suelo sin edificar sean “colindantes”, según apunta en su auto tras analizar el demoledor informe de la Unidad de Delincencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.
La parcela 355, de 8.977 metros cuadrados, la compró en julio del 2008 la mercantil Lirinlor SL, una sociedad dedicada a “actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina”. La firma es propiedad del exasesor de Fabra en la Diputación Alejandro Lorca Heredero, imputado en la causa. Sin embargo, los 350.000 euros pagados para adquirir el terreno provienen, según desvela el magistrado Jacobo Pin en el auto, de una cuenta a nombre de Carlos Fabra y se justificaron como “préstamo personal” del expolítico del Partido Popular a la mercantil.
La compraventa se fijó en 264.360 euros aunque el vendedor, M. B. A., cobró “al margen de lo previsto” en el protocolo de compraventa, un cheque por importe de 60.000 euros “con origen en los mismos fondos”. Por otro lado, en la misma localidad de la Vall d'Alba, la esposa de Fabra es titular de un tercer terreno, en la partida de L'Arc, hipotecado y formado por agregación de dos fincas adquiridas en 2002 y 2003.
Las fincas propiedad de Carlos Fabra y su esposa María Desamparados Fernández, según recuerda el juez, se sitúan en los terrenos de los extintos programas de actuación integrada de los sectores Mas de Lluna y L'Arc del Plan General de la Vall d'Alba y “son colindantes” con las fincas que investiga el mismo magistrado en otro sumario de corrupción en el que figura como imputado Francisco Martínez, exalcalde del PP de la Vall d'Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, uno de los políticos más cercanos a Fabra.
En la causa, también instruida por Jacobo Pin, figuran como investigados el exalcalde Francisco Martínez, su hija y un empresario por los presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionario, fraude administrativo, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Los imputados, presuntamente, habrían aprovechado la información privilegiada de que disponía el exalcalde para adquirir fincas incluidas en planes urbanísticos, directamente o a través de sociedades instrumentales, con la finalidad de propiciar una importante revalorización y venderlas a un promotor urbanístico o reservarlas a nombre de sociedades instrumentales a la espera de que los programas urbanísticos se ejecutaran.
El magistrado sostiene que la adquisición de las fincas está relacionada con un cheque de 30.000 euros que pagó María Durá Tomás, la suegra del exalcalde de la Vall d'Alba, a una cuenta de Carlos Fabra en 2012 por un “presunto préstamo” con un plazo de devolución de tres meses que, según Francisco Martínez, le otorgó a su exjefe en la Diputación por las “relaciones personales existentes” y porque su amigo Fabra tenía “necesidad”.
El “presunto préstamo” —el juez siempre apostilla el “presunto”— efectuado hace ocho años les ha costado al exalcalde de la Vall d'Alba y a su suegra una citación en calidad de investigados en la nueva causa que afecta a su amigo Carlos Fabra, otrora todopoderoso presidente de la Diputación de Castelló, y familia. Yerno y suegra sostienen que el préstamo sigue vigente aunque nunca ha sido devuelto. El juez los ha citado para que aclaren el motivo por el cual no se ha reclamado el importe del préstamo o los intereses.
El papel del exasesor del PP en la trama
Alejandro Lorca Heredero, accionista único y administrador de la mercantil Lirinlor SL, a través de la cual compró Fabra el terreno en la Vall d'Alba, está siendo investigado en la misma causa. Lorca fue asesor de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón e incluso representó a su jefe gratuitamente ante la Agencia Tributaria, según informó en su momento el diario Levante-EMV.
La sociedad Lirinlor SL, además de su papel en la adquisición de la finca de 8.977 metros cuadrados, también sirvió para vehicular otras operaciones bajo sospecha. De los fondos abonados por el empresario Fernando Roig al entorno de Carlos Fabra para su defensa legal y las consignaciones judiciales a su nombre, 107.203,65 euros fueron a para a Lirinlor SL, administrada por Alejandro Lorca, quien se negó a responder a ninguna de las preguntas planteadas en sede judicial. Por esta operación, el exasesor de Fabra en la Diputación obtuvo un beneficio, ingresado en cuentas bancarias a su nombre, de 9.600 euros.
La compleja trama de “enmascaramiento” del patrimonio de Carlos Fabra que investiga el juez salpica ya a otros dos sumarios de presuntos casos de corrupción: el que afecta al exalcalde de la Vall d'Alba por uso de información privilegiada y blanqueo y el caso del campo de golf de Borriol reabierto por el mismo juez Jacobo Pin a instancias de la Fiscalía tras analizar los demoledores indicios contenidos en el informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Udef. El magistrado no se va a aburrir en los próximos meses.