La jueza del 'caso Taula' deja al borde del banquillo a los procesados en la pieza de la financiación de tres campañas del PP

Juanjo Medina, la antigua mano derecha de Alfonso Rus, está cada vez más cerca del banquillo por la pieza separada J del caso Taula, que investiga la financiación de tres campañas electorales del Partido Popular valenciano a cargo de una red de empresas del autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, que abonó 47.829,5 euros. La magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 18 de València ha tumbado todos los recursos de las defensas contra el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado el pasado 11 de enero, lo que deja al ex vicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Montcada a un paso del banquillo.

Medina, procesado también por malversación y estafa en otra causa, alegaba en su recurso “inexistencia de indicios” y aseguraba que los candidatos del PP contrataron una póliza de crédito con cuenta bancaria en Cajamar para abonar los gastos de propaganda electoral. Todos los gastos “fueron pagados y cargados en dicha cuenta”, sostiene. La antigua mano derecha de Rus afirma que se limitó a coordinar actos electorales y que desconoce cómo se pagaban. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, recuerda que Medina, “junto con Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y Máximo Caturla conformaban una unión de intereses personales que posibilitó el desvío de fondos públicos”.

La jueza argumenta que la documentación intervenida en el domicilio del socio de Benavent, y concretamente los correos electrónicos, ponen de manifiesto que era “conocedor y partícipe” de encargar trabajos a Thematica Events, la empresa pantalla que usó Benavent para inyectar el dinero en la campaña. El auto de la magistrada rechaza oficiar a Cajamar el extracto de movimientos de la cuenta del PP al haber finalizado el plazo de instrucción.

José Enrique Montblanch, exdirector económico financiero de Imelsa (la empresa pública de la Diputación epicentro del presunto saqueo y cuyo gerente era Benavent) niega haber firmado las facturas y asegura que carecía de competencias para “liberar fondos públicos” y no se encargaba del control interno de la mercantil. La jueza trae a colación las facturas suscritas y conformadas por Montblanch, “en su condición de director financiero de Imelsa”.

El fiscal le reprocha, además, que su nivel retributivo ascendía a los 100.000 euros anuales, además de una “generosa” productividad “precisamente para hacer lo que no hacía” y que “consentía permitiendo el desvío de fondos públicos”. Para Pablo Ponce, el argumentario de la defensa de Montblanch adquiere “tintes cómicos” cuando afirma que en cinco años no ha tenido tiempo de examinar la copiosa documentación y que se ha cerrado apresuradamente la instrucción .

El empresario Rafael García Barat, socio de Benavent, alegaba que las únicas pruebas obtenidas proceden de la declaración del yonki del dinero y que tiene un “desconocimiento total” del contrato troceado de su empresa para el servicio del Bibliobus, adjudicado por el Ayuntamiento de Valencia. La magistrada se limita a recordarle que, además del testimonio de Benavent, existen otros indicios en su contra, sin ir más lejos los documentos intervenidos durante el registro de su domicilio.

La jueza sustituta también ha rechazado las alegaciones de las funcionarias del Ayuntamiento de València María Francisca Tamarit Vallés y María Amparo Albors Rodrigo, encargadas de los expedientes troceados del servicio del Bibliobús. En el caso de Tamarit, el auto le recuerda su “relación estrecha” con el empresario y su “papel preponderante” en la tramitación de los expedientes e incluso en la facturación. Albors, por su parte, alegaba que firmó informes como un “mero trámite” aunque la jueza le indica que avaló que se pagaran facturas a Thematica Events sin que le constase ni el precio ni que el servicio se prestó realmente.

Francisco Javier Márquez Suárez, consejero delegado de la firma Cyan Animatica, investigado por el posible fraccionamiento de contratos del espectáculo Metamorphosis, aseguraba que la acción penal había prescrito. La defensa del empresario parece haberse hecho un lío con las fechas porque, según la magistrada, “teniendo en cuenta los propios cálculos realizados por el recurrente, no se ha cumplido el plazo de prescripción”. La última factura es del 2012 y el delito de malversación prescribe a los diez años. El fiscal anticorrupción recuerda, además, que el empresario giró “de forma mendaz” facturas a Imelsa por trabajos no realizados en connivencia con el socio de Benavent.

Rapapolvo al Ayuntamiento de València

El consistorio que dirige Joan Ribó ejerce la acusación particular en esta pieza separada del caso Taula. La representación jurídica del ayuntamiento recurrió el auto de incoación de procedimiento abreviado por lo que consideraba un “cierre prematuro de la instrucción”, lo cual a la jueza le resulta “sorprendente” cuando la instrucción de la macro causa dura ya un lustro.

El fiscal lamenta que el recurso del ayuntamiento “no puede ser más desafortunado”. La acusación particular aseguraba haber accedido a nueva documentación “que puede modificar el sentido de la instrucción”, ya cerrada por lo demás. Se refería a tres expedientes posteriores que “justificarían” la declaración como imputada de la exedil del PP Mayrén Beneyto.

Los documentos, tal como recuerda la magistrada, “constaban ya incorporados a las actuaciones”, desde hace más de dos años y fueron examinados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Ningún hecho nuevo” salpica a la expedidora popular, que nunca ha sido imputada, según recuerda el fiscal. Cuando Beneyto declaró como testigo, el Ayuntamiento en ningún momento pidió que cambiara su condición a la de investigada.