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La jueza de la DANA ha acordado citar, en calidad de investigados, a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada arremete, en un contundente auto dictado este lunes, contra las versiones del Consell de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA.
Por un lado, considera que la contestación de la Generalitat sobre las pausas en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), según la cual se paró para un “periodo de trabajo exclusivamente presencial”, es un mero “eufemismo”, según dice la instructora. “No es una contestación explícita a lo solicitado”, asegura el auto.
La magistrada insiste en la “gran demora” en convocar la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre y el “retraso todavía mayor” en lanzar la alerta automática a los móviles. El auto considera que “no era necesario contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas que integraban el Cecopi”. Las causas de este retraso, agrega la instructora, “no resultan explicables”.
El auto niega que la DANA fuera un “fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que fue anunciado varios días antes por la Aemet, “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades, medida que afectó afortunadamente a cerca de 50.000 personas, entre estudiantes, trabajadores y profesorado”.
La instructora considera que el Cecopi se debió convocar durante la mañana del 29 de octubre “al objeto cuanto menos de avisar a la población”. La reunión del Cecopi fue convocada por la entonces consellera Salomé Pradas a las 17.00.
La jueza recuerda que la “decisión” de enviar el mensaje de alerta a los móviles era una “cuestión autonómica”, que “no precisaba” de “información adicional” de la CHJ. De hecho, según abunda la resolución, “las circunstancias del retraso [del envío de la alerta] deberán ser averiguadas”.
Por otro lado, la jueza niega el supuesto “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. “No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH [Sistema Automático de Información Hidrológica] ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la CHJ, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo”, afirma el auto.
Además, la magistrada también repasa las retransmisiones durante la jornada de la DANA por parte de la televisión autonómica À Punt. También destaca que el teléfono 112 de Emergencias de la Generalitat recibió miles de llamadas antes de la reunión del Cecopi.
Nada más conocer la imputación, la exconsellera Salomé Pradas a preguntas de este periódico ha remitido un documento en el que defiende su inocencia y anuncia que se persona en la causa para tener acceso al sumario antes de que se conozca la fecha de declaración como investigada.