La jueza que investiga al alcalde popular de Orihuela pide a Antifraude un informe pericial sobre los seis años que cobró de Sanidad sin trabajar

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, del PP, teme las conclusiones del informe pericial que la jueza que lo investiga ha solicitado a la Agencia Valenciana Antifraude. Su defensa, que ejerce el letrado Ricard Sala, ha intentado en vano frenar la solicitud del informe pericial a Antifraude por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela.

La defensa de Bascuñana interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) frente a la resolución del director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, que daba traslado a su defensa, a la Abogacía de la Generalitat y a la Fiscalía Anticorrupción de la petición del informe, solicitada por la instructora el pasado 11 de febrero. La resolución de Antifraude acepta la emisión de la pericial, una opción de auxilio judicial expresamente recogida en el reglamento de la agencia, que ya ha emitido informes en causas como el 'caso Erial'. 

La jueza investiga al alcalde del PP por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras destapar este diario que Bascuñana cobró durante seis años como asesor de la dirección territorial de la Conselleria de Sanitat sin acudir a trabajar. De hecho, en las diligencias que se siguen contra el alcalde popular ya consta el informe del departamento que dirige Ana Barceló y que confirma que no queda ni rastro del supuesto trabajo de asesoría de Bascuñana, tal como detalló la consellera en sede parlamentaria.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV ha dado un revés a Bascuñana al declarar la “incompetencia de la jurisdicción contencioso administrativa”. El auto del TSJ-CV, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que la resolución de Antifraude “se emite en el seno de un procedimiento penal como consecuencia de la solicitud emitida por un Juzgado de Instrucción” por lo que no se le puede atribuir una “naturaleza administrativa”.

Es más, “en caso de atribuirle naturaleza administrativa”, especula el auto, “tampoco sería impugnable” al no tratarse de “un acto definitivo o de trámite esencial”. La jueza instructora podrá, por tanto, incorporar a la causa la pericial encargada a Antifraude. El alcalde, en su declaración como investigado ante la jueza, a la que acudió arropado por dos ediles del PP, responsabilizó a la Conselleria de Sanitat de que no haya quedado rastro de su trabajo de asesoría, que aseguró que hizo de forma “oral”. El alcalde popular tildó de “patraña” las conclusiones de la inspectora de Sanitat.

La consellera de Sanitat, por contra, confirmó en respuesta a una pregunta parlamentaria que “no se ha encontrado ningún documento descriptivo de las funciones supuestamente encomendadas, ni el objeto, ni el contenido, ni la misión del trabajo”. “No hay constancia entre los funcionarios consultados de que el doctor Bascuñana hiciera acto de presencia física en la Dirección Territorial de Alicante, ni tienen constancia de su paso por ella. Tampoco consta que tuviera despacho en la Dirección Territorial”, dijo Ana Barceló.