Alexey Shirokov, presunto jefe de una trama de la mafia rusa asentada en la costa valenciana, “se introdujo influyendo en la vida política como lobista del PP de Altea”, una localidad turística de la comarca de la Marina Baixa. Así se refiere la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm al abogado de origen ruso, presunto blanqueador de organizaciones criminales del Este, en el auto de incoación de procedimiento abreviado al que ha tenido acceso elDiario.es. La resolución, dictada el pasado 2 de octubre, sitúa al borde del banquillo a Shirokov y otros cuatro integrantes de la presunta red tras el error de la magistrada que propició el sobreseimiento de la causa para casi una veintena de investigados al haberles tomado declaración sin haber prolongado el plazo de la instrucción.
El auto procesa a Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev, Denys Katana y Mikhail Zhizhin por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas corrieron a cargo del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante. En la causa llegaron a figurar como investigados el exedil de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, y el expresidente del PP de Altea Jaime Sellés. La Policía incluso intervino llamadas telefónicas entre Shirokov y el concejal popular de Benidorm.
La jueza atribuye al abogado de origen ruso el papel de “lobista” del PP, del que era un conocido militante. Shirokov usó su red de contactos para acelerar los trámites para la renovación del DNI de Jesús Ballester, número uno del PP de Altea y concejal de la formación durante una década hasta su dimisión en 2021. También medió para la retirada de una multa impuesta al abuelo del edil popular “a cambio de regalos”.
De hecho, la instructora considera que la influencia del presunto blanqueador de la mafia en el Ayuntamiento de Altea “era notable”. Hasta tal punto que Shirokov medió en la instalación de badenes en la urbanización de uno de sus clientes hablando con Herminio Navarro, jefe de la Policía Local de Altea, según indica el auto.
Blanqueo de fondos del crimen organizado ruso
La instructora reseña que los procesados habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de capitales mediante transferencias de fondos de procedencia injustificada de Rusia a España, “usando empresas pantalla interpuestas a nombres de testaferros o a través de operaciones de hawala”, un sistema informal de transferencia de dinero común en el mundo árabe.
“Estos fondos se invirtieron en España, principalmente en el sector inmobiliario y de ocio, proviniendo de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético, quienes tras contactar a través de personas intermediarias, miembros de la organización, con empresarios españoles, invirtieron sus fondos de procedencia ilícita, para blanquearlos en España, habiendo llegado a infiltrarse en las instituciones, tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida política y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para a cambio de regalos o contraprestaciones económicas, obtener ventajas para sus clientes, a quienes les cobraron una comisión”, reza el auto.
Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de “alto nivel criminal”, según datos de inteligencia policial de Europol.
Red de contactos policiales
En la presunta organización criminal, el procesado Maxim Khakimov se habría encargado de blanquear el dinero vinculado a la mafia, “mediante la realización de labores de ingeniería financiera, recibiendo y transfiriendo fondos de sus clientes rusos en España”. Por otro lado, Nikolay Mityurev contaría con una cartera de clientes formada por “empresarios rusos vinculados con el crimen organizado”.
La trama mafiosa contaba con una “red de contactos con cargos públicos de la provincia de Alicante así como con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes a cambio de percibir regalos o prestaciones económicas” aceleraron trámites de extranjería para la obtención de permiso de residencia de sus clientes o de habilitación de viviendas. También consiguieron la retirada de multas o la identificación de vehículos sospechosos que “resultaban de interés” para sus negocios o sus clientes, agrega la jueza instructora.
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