Juicio contra la expresidenta de las Corts Valencianes por el caso Gürtel
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia abre el martes juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel en materia de promoción turística, el segundo que se celebra en la región tras la denominada “causa de los trajes”, en la que se absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa.
El juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009 comienza el próximo martes con trece procesados, entre ellos dos exconselleras durante el Gobierno de Camps y los supuestos cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
La vista arranca justo con un año de retraso, ya que la dimisión como diputadas de las dos exconselleras a pocos días de la fecha inicial del juicio generó un conflicto de competencias que llevó finalmente al Supremo a decretar que lo juzgara el TSJCV, pues la renuncia al fuero se produjo cuando ya se había dictado la apertura de juicio.
El juicio se desarrollará a lo largo de 37 de sesiones, hasta el próximo 8 de octubre, e incluirá la declaración en plena campaña electoral de siete de los procesados, entre ellos las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez -actualmente alcaldesa de Novelda (Alicante) y suspendida cautelarmente de militancia por el PP- y Angélica Such.
En precampaña será el turno de los supuestos cabecillas de Gürtel.
La Fiscalía pide penas de once años de prisión para la exconsellera Milagrosa Martínez, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y el número dos de la trama, Pablo Crespo; de diez años de cárcel para Francisco Correa y Álvaro Pérez “El Bigotes”, y de nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such.
La vista llega seis años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.
Esta es una de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que investiga el TSJCV desde que en mayo de 2011 asumiera la causa, y la primera sobre la que concluyó la instrucción.
Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de “la mayor parte” de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.
En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez, durante cuyo mandato se adjudicaron los primeros contratos investigados, y Angélica Such, que continuó las adjudicaciones, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret.
También estarán seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez “El Bigotes”, Cándido Herrero e Isabel Jordán.
La Fiscalía pide penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión, como es el caso de Milagrosa Martínez, Pablo Crespo y Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la “causa de los trajes”.
Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en esta “irregular actividad contractual” supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron “ilícitos beneficios” por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.
El juicio dedicará los dos primeros días a cuestiones previas -la defensa de Martínez pedirá la nulidad del juicio por indefensión- y los acusados declararán del 10 de abril al 15 de mayo, mientras que comparecerán como testigos el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco -condenado por el caso Cooperación-, en julio, y el expresident de la Generalitat Francisco Camps, en septiembre.
Las otras cinco piezas podrían ser juzgadas en la Audiencia Nacional, ya que el TSJCV considera que no es competente para hacerlo al no quedar aforados en ellas.
