Juicio por la pieza K del 'caso Taula': tres exalcaldes del PP y del PSPV-PSOE en el banquillo de los acusados
Los exalcaldes de Requena Javier Berasaluce y de Enguera Santiago Arévalo, ambos del PP, y Óscar Martínez, del PSPV-PSOE, se sientan este jueves en el banquillo de los acusados, ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de València, por la pieza separada K del 'caso Taula'. La causa fue sobreseída para el exalcalde socialista de Requena Mario Sánchez.
Se trata de una rama menor de la macrocausa nacida de la pieza D sobre la contratación de un 'call center' por parte de Imelsa, la antigua empresa pública de la Diputación de València de la que Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', fue gerente durante el mandato del popular Alfonso Rus al frente de la institución provincial.
Las empresas Servimun, de Fernando Palomares, y Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López, exsuegro de Benavent, se erigen en nexo de unión entre ambas piezas. La reciente sentencia de la pieza D absolvió a ambos empresarios por la contratación del 'call center'. También fueron absueltos Rus y Benavent.
Los consistorios de Requena y Enguera contrataron en 2013 a ambas firmas por servicios que presuntamente no fueron prestados, según la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para Berasaluce, seis para Arévalo y Martínez, y once para López y Palomares. El Ministerio Público sostiene que usaron las empresas “para sus intereses defraudatorios”.
En el caso del Ayuntamiento de Requena, la investigación se centró en el abono de tres facturas entre marzo y agosto de 2014 a TLA, en contra del informe de la interventora municipal, por trabajos de los que no existe constancia en ningún expediente administrativo.
Servimun también fue adjudicataria, en un procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 de un contrato de 50.000 euros por el que el consistorio acabó pagando, entre 2015 y 2016, facturas por un total de 178.000 euros, “sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados”, según la instrucción.
El Ayuntamiento de Enguera adjudicó un contrato en abril de 2013, con informe favorable de la entonces secretaria municipal. El consistorio abonó en agosto de 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun, por un concepto diferente al inicial del contrato.
La sentencia absolutoria de la pieza D del 'caso Taula', dictada el pasado 25 de octubre por la sección quinta de la Audiencia Provincial de València, avaló el papel de la empresa TLA, de Mariano López, como una suerte de asesora de Servimun en contratos adjudicados por administraciones publicas.
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