Tatuajes neonazis y muchas condenas a sus espaldas. Las defensas de los 28 ultras que se sientan este lunes en el banquillo de los acusados, ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, por las brutales agresiones cometidas durante la tradicional manifestación de la tarde del 9 d'Octubre del 2017, negocian con la Fiscalía y las acusaciones particulares un posible pacto de conformidad que evitaría la celebración de la vista oral.
La negociación se ha reactivado esta semana, según varias fuentes. La vista señalada para este lunes, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), está convocada “exclusivamente” para una posible conformidad entre las partes, que deberá contar con el visto bueno de las acusaciones particulares que representan a las víctimas de las agresiones.
Los ultras fueron retratados en abundante material gráfico y audiovisual (una de las agresiones más graves fue retransmitida en directo en La Sexta), que ha servido para apuntalar la acusación.
Además, varios agresores cuentan con antecedentes penales e incluso con condenas a sus espaldas. Se trata de los integrantes de la peña 'hooligan' Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, alias El Alfarrasí; Vicente Rico Manzanares; Miquel Fabián Gil, condenados por un delito de lesiones, y Bernardo Manzanero Andreus, condenado dos veces por un delito de atentado.
Otros cuentan con antecedentes penales no computables en esta causa (Faustino Ortiz Pérez, Rubén Añó Añó, Gustavo Eleazar Castillo Carzuza) o cancelados (Blai Bresó Benet, Vicente Igual Gutiérrez y Antonio Alemany Solsona).
El Ministerio Fiscal solicita inicialmente penas de entre tres y siete años y medio de prisión para los acusados por los presuntos delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas y lesiones, según indica el escrito de conclusiones provisionales.
Las salvajes agresiones, según el relato de la Fiscalía, fueron precedidas por el llamamiento en redes sociales del acusado José Antonio García Herrero, comunicador fallero, para acudir a boicotear la marcha, y de Javier Cervera Sales, desde la cuenta de Yomus, extinto grupo neonazi de la grada del Valencia CF.
Durante la mañana, una “numerosos grupo de personas” se concentró en los alrededores del estadio de Mestalla con el “propósito de obstaculizar el desarrollo de la manifestación y enfrentarse a quienes asistieran por razón de su ideología”.
Los ultras, que lucen tatuajes de “claro signo nacionalsocialista”, consiguieron romper el cordón de seguridad formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), dando barra libre a las amenazas y palizas a manifestantes y fotoperiodistas (a un redactor gráfico de El País trataron de arrebatarle la cámara tras agredirlo).
José Antonio García Herrero “retransmitía en directo los hechos” con su teléfono móvil y “jaleaba” a los neonazis que agredían a periodistas del periódico Jornada. El acusado publicó un artículo en el “diario digital” Valencia News en el que se jactaba de “haber tomado parte en los hechos”.
Seis años de instrucción
La entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha convocado una concentración a la entrada de la Ciudad de la Justicia, coincidiendo con el arranque de la vista. La entidad ha criticado que la instrucción de la causa se ha alargado durante seis años, “una lentitud inexplicable que alimenta la indefensión de las víctimas y la impunidad de los agresores en muchos casos”.
ACPV espera una sentencia que marque un “precedentes importante en la defensa de los derechos democráticos fundamentales en el País Valenciano”.