Una “deficiente y grave gestión” del servicio de abastecimiento de agua “no potable” en algunas de las urbanizaciones más lujosas de la costa alicantina. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado el acuerdo del Ayuntamiento de Altea, gobernado por Compromís, de extinguir la autorización de la prestación del servicio de agua potable por parte de la firma Aguas Potables de Bernia SA (Apobersa) en las urbanizaciones La Malla y el Mascarat del plan parcial El Áramo de Altea, una zona que agrupa los lujoso chalets de la localidad.
La firma y otra empresa vinculada, Puerto Deportivo Luis Campomanes SA, recurrieron el acuerdo del consistorio, del 5 de marzo del 2020, por el que asumía los servicios a la concesionaria municipal “para realizar los correspondientes estudios y medidas de choque para verificar los problemas concretos de la red y funcionalidad y reducir las pérdidas que vienen sufriendo”. El acuerdo inició la ejecución forzosa por incumplimientos de anteriores acuerdos.
Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante destacaba en un auto la “deficiente y grave gestión del servicio público de abastecimiento de agua” en las dos urbanizaciones, así como el defectuoso mantenimiento de las redes generales“. Tanto es así que el agua suministrada era ”no potable“. Además, la la empresa promotora Edificaciones Calpe, del constructor Andrés Ballester, con la condición de agente urbanizador, extinguió los contratos con la firma encargada de prestar el servicio.
El auto recordaba la “absoluta prioridad” del Ayuntamiento de Altea en la prestación del servicio público de abastecimiento de agua y la “preservación de la salud pública teniendo en cuenta el carácter insalubre de las aguas”.
Puerto Deportivo Luis Campomanes SA y Apobersa recurrieron la decisión argumentando que los depósitos incautados eran de su propiedad y que “no se ha acreditado la deficiente gestión del servicio de agua”.
La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, por contra, considera acertada la decisión y recuerda que serían, en todo caso, las empresas recurrentes las que deban acreditar que no existe una deficiente gestión del servicio de abastecimiento de agua. La sentencia, que impone las costas, a las dos empresas, no es firme.
El tribunal avala así la decisión del consistorio de unificar el servicio de abastecimiento de agua que desde hace dos décadas sufren las urbanizaciones del plan parcial El Áramo y que afecta también a zonas de lujo como Altea Hills.
El originario plan parcial El Áramo fue promovido en 1970 por el empresario Luis Campomanes Asumendi, aunque nunca cumplió con sus obligaciones de ejecutar y urbanizar todos los polígonos comprendidos en el ámbito de su suelo, según La Marina Plaza, lo que dio origen a una sucesión de diferentes promotores y urbanizadores tras subdividirse en diversos sectores y polígonos.
La red de agua y alcantarillado debieron formar parte de la red de dotaciones públicas de la urbanización y ser cedidas y recepcionadas gratuitamente al Ayuntamiento, algo que nunca sucedió prestando así el servicio de abastecimiento de agua una empresa privada a través de un acuerdo con el promotor y de captaciones subterráneas en la Serra Bèrnia.