“La demandante invoca la necesaria continuidad y garantías que exige el servicio público, si bien debemos recordar que las medidas impugnadas no tienen otra finalidad que conseguir ese objetivo llegado el momento de la reversión y por la denegación de la prórroga con una nueva gestión del servicio y sin interrupción en su prestación. Por otra parte, la no prórroga de la concesión es algo previsible de acuerdo con los términos pactados y no nada extraño que ocurra, de manera que los concesionarios deben estar preparados para tal evento”.
Con esta contundente afirmación la sección 5 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado la suspensión cautelar del proceso de recuperación de la gestión pública del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) solicitada por Pistas Iteuve S.A., una de las siete empresas concesionarias.
La compañía ha recurrido el acto administrativo por el que la Conselleria de Economía comunicó la no prórroga de la concesión de 25 años otorgada en 1997 por el expresidente del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana, operación por la cual está imputado en el marco del 'caso Erial'. Mientras que se dirime el fondo de la cuestión recurrida, la firma pidió la suspensión cautelar del proceso.
Sin embargo, en su auto, contra el que cabe recurso, la Sala afirma que “no le asiste la razón a la demandante porque se olvida que es este un procedimiento entre una concesionaria de un Departamento de Economía y la Consellería de Economía, Trabajo y Sectores Productivos, cuya finalidad y competencias van dirigidas, precisamente, a la finalidad pública que parece atribuirse con carácter exclusivo y excluyente sin que con esa comunicación se resientan el interés público y los perjuicios de los usuarios y concesiones”.
Este recurso es tan solo el principio de una batalla judicial que está por venir, tal y como anticipó este martes la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), que lanzó duras acusaciones contra la Conselleria de Economía, entre ellas, que se habían falseado datos para justificar la recuperación del servicio.
Así, calificaron de “auténtico delirio” las estimaciones en las que se basa Economía para llevar adelante la recuperación de la gestión. Por ejemplo, la entidad asegura que los costes laborales de todas las estaciones de ITV son un 55% superiores a los reflejados en el informe encargado por la conselleria a Nuve Consulting. Además, según Manuel Trigo, uno de los portavoces de la asociación, es “falso” el dato que ofrece de margen de explotación: “Dicen que ganarán 36 millones cuando la realidad, en el mejor de los casos, estaría en torno a los ocho y diez millones de margen de explotación, un 60% menos”.
Los portavoces de la entidad, Francisco Llopis y Manuel Trigo, advirtieron que harán todo lo necesario para mantener un negocio que, paradójicamente, aseguraron que en los últimos cinco años no les ha dado beneficios económicos. De hecho, pese a las preguntas de elDiario.es sobre la media de rentabilidad de sus empresas en los 25 años de concesión, tiraron balones fuera: “Entre un ocho por ciento y un veintitantos...”.
Ambos advirtieron de que, pese a los primeros fallos judiciales que desestiman las indemnizaciones solicitadas por las bajadas de tarifas aplicadas en 2014 y 2019 de forma irregular, van a volver a reclamarlas por la vía de la responsabilidad contractual, tal y como apuntan las mencionadas resoluciones judiciales. La cuantía total que se va a exigir es de 130 millones de euros más unos intereses anuales del 3%.
“Desde Aecova-ITV nos hemos propuesto llevar a cabo una serie de acciones en los próximos meses con voluntad de transparencia, conciliación y defendiendo nuestra vocación de servicio público”, expresó Llopis. “Nuestro principal interés es que las valencianas y los valencianos puedan disponer del mejor servicio: eficiente, de calidad y que no suponga un mayor coste para toda la ciudadanía”.
Por otra parte, Llopis y Trigo avanzaron su intención de solicitar a la Conselleria de Economía Sostenible una prórroga del servicio, teniendo en cuenta los meses en los que vieron su actividad paralizada a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19. Cabe tener en cuenta que, durante los meses de pandemia, “las ITV de la Comunitat Valenciana fueron referentes gracias al refuerzo de plantillas, la cualificación de la mano de obra y la eficacia de las medidas de prevención laboral”.