Por “coactiva” y porque “vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa”, estos han sido los motivos del TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) para anunlar el decreto de la Generalitat Valenciana que imponia el copago en el área de la discapacidad
De este modo se ha sentenciado el recurso interpuesto por CERMI CV, el Comité de Entidades Representantes de las Personas Con Discapacidad en la Comunitat Valenciana y se declara “nulo” el decreto que aprobó en pleno verano de 2013 el Consell de Alberto Fabra.
Desde CERMI CV su prsidente Joan Planells ha afirmado que la sentencia es “un ejercicio de responsabilidad y conexión con la realidad social actual, que compartimos plenamente”. Así señala que el TSJCV considera que los servicios regulados en el Decreto constituyen “servicios asistenciales, básicos e imprescindibles dirigidos a mayores y PcD (personas con discapacidad) que no parece que sean grupos especialmente favorecidos”, por lo que su recepción no es voluntaria sino que afecta a aspectos esenciales de su vida diaria y a su dignidad personal.
Planells añade que con este “sensato” pronunciamiento se da favorable acogida a las reinvindicaciones del colectivo y deja entreabierta una puerta a otros pronunciamientos judiciales en el mismo sentido para aquellas personas a quienes la Administración “continúa imponiendo coactivamente el deber de abonar el copago”.
Cabe recordar que, según palabras de la misma consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez-Zaplana, la Generalitat confiaba en recaudar hasta 15 millones de euros por el copago en la discapacidad.