El juez pide la imputación de Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que impute a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Así se desprende del auto en que el juez pide al tribunal que cite como investigada a Oltra al ver indicios delictivos. Se remite al TSJ-CV ante la condición de aforada de Oltra. En el procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del exmarido de Oltra entre 2016 y 2017.

El juez Vicente Ríos investiga si el departamento de Oltra llevó a cabo una investigación “parajudicial” tras una denuncia por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la entonces menor, Maite T., cuyo abogado es José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000.

Tras interrogar como investigados a 13 altos cargos de la conselleria y trabajadores del centro, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València considera que Mónica Oltra “debe ser oída como investigada”. “Se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos”, abunda el auto.

Dada la condición de aforada de Oltra, el auto eleva a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV la exposición razonada de las actuaciones para que adopte una resolución. Así, el juez considera “ineludible” la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana para la “completa investigación de los hechos”.

Investigación paralela “carente de todo sentido”

En su exposición de motivos remitida al TSJ-CV, el magistrado destaca que el expediente reservado de la conselleria era una “investigación paralela a la judicial carente de todo sentido”. Oltra aseguró que se trataba de detectar qué había fallado en relación a la denuncia inicial de la víctima pero el magistrado considera que estaba orientado a “desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado”.

El instructor asegura que existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de Mónica Oltra en unos hechos que, según la Audiencia de Valencia, “pudieran tener relevancia penal”. En definitiva, “no resulta ya posible progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras” y de las defensas de los otros imputados.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó, a instancias de la defensa de la menor, la reapertura de la investigación sobre la gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas realizó del caso, en la que consideran que hubo desprotección a la víctima.

El auto de la Audiencia de Valencia sostenía que los hechos denunciados podían ser constitutivos del presunto delito de abandono de menor desvalido por omisión de los deberes inherentes a la guarda y custodia que correspondían al departamento de Oltra. La resolución aludía a la “inaplicación de los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores e incumplimiento de su deber de custodia”, además del “deber de denunciar los delitos que se tengan noticia puedan haberse perpetrado contra los menores bajo su guarda”. 

Tras la denuncia de víctima, la asociación Gobierna-te, de la agitadora Cristina Seguí, se querelló contra Oltra y se personó como acusación popular. Aunque en un primer momento la querella fue desestimada por el juez, la Audiencia de Valencia ordenó que se investigara la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la denuncia de los abusos. El relato de la querella justificaba “plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la conselleria”, afirmó la sección cuarta.

La Audiencia de Valencia consideraba que se habría producido una “instrucción parajudicial” sobre la denuncia inicial de la menor que “lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución”.

Durante la instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha tomado declaración como investigados a Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia de la conselleria; a Gemma Plaza, subdirectora general; a Isabel Serra, directora territorial en Valencia; a Jesús Manuel Esquiu, secretario territorial; a la funcionaria María José Navarro, instructora de la información reservada sobre los abusos a la menor; a María Isabel Año, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales; a la jefa de servicio María Amparo Nogués, y al jefe de sección Francisco Soriano.

También han declarado como investigados Ana María García, técnico responsable del Centro de Acogida Niño Jesús donde se produjeron los abusos; María Isabel Domingo y Ana Isabel Junquera, directora y psicóloga, respectivamente, del centro, y a la actual directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia, Carmen Fenollosa.

Tras las declaraciones de los investigados, el instructor concluye que no existió “voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos”. Y sobre la actuación de los cargos del departamento de Oltra y de los trabajadores del centros asegura: “Siempre se podrá aducir que cualquiera puede tener errores en su labor profesional. Pero todos los funcionarios y profesionales intervinieres, a la vez, no. No al menos de esta envergadura”.

La oposición pide la dimisión de Oltra

La portavoz del PP en las Corts Valencianes, María José Catalá, ha afirmado que a Oltra “no le queda otro camino que la dimisión”. “Es muy grave y espero que Puig y Oltra sean coherentes en lo que muchos años han pedido. Saben lo que tienen que hacer y cuál es el camino, y hay que asumirlo de una vez. Si Oltra es imputada, tiene que dimitir y dejar sus responsabilidades al frente del Gobierno valenciano. El asunto es muy grave de gestión suya”, ha dicho Catalá en un comunicado.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la cámara autonómica, Ruth Merino, también ha pedido la dimisión de la vicepresidenta. Merino afirma que es “inadmisible” que Mónica Oltra “no haya pedido perdón” y “siga todavía aferrada al cargo” pese a “los indicios y sospechas” que existen sobre su “nefasta gestión y presunto encubrimiento” en el caso de los abusos a la menor.

La portavoz de Ciudadanos considera que si Oltra no dimite, es el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien debe “destituirla inmediatamente” porque “los valencianos no se merecen una vicepresidenta y consellera investigada por la justicia”.