El flamante nuevo líder del PP valenciano, Carlos Mazón, cuenta con un lastre que puede complicar su debut como jefe de los populares valencianos: la contabilidad de su grupo en la Diputación de Alicante, institución que preside con el apoyo de Ciudadanos. Adscrito a la tradición zaplanista, según le recuerda constantemente la oposición, Mazón ha accedido a la presidencia del PP valenciano ostentando la vara de mando de la única institución de calado, junto al Ayuntamiento de Alicante, que controlan los populares en el territorio valenciano.
El fiscal Pablo Romero tiene abiertas unas diligencias de investigación penal sobre el supuesto trasvase sin justificar a cuentas del partido de fondos de más de 446.000 euros. Parte de estos fondos acabaron en una cuenta del PP en Murcia. Por otro lado, el fiscal Felipe Briones investiga el vaciado de la cuenta del grupo del PP en la Diputación cuando el expresidente de la institución provincial José Joaquín Ripoll dimitió a raíz del 'caso Brugal', tal como desveló elDiario.es.
El 8 de julio de 2011, un día después del último pleno de la Diputación presidido por Ripoll, el Grupo Popular expidió dos cheques por un valor total de 64.980 euros, prácticamente todo el saldo que la formación conservadora tenía en una cuenta bancaria de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
El primer cheque (con el número 4200 5608970), por importe de 48.429,36 euros, se ingresó en la oficina principal de Bankinter en Alicante. El segundo cheque (con el número correlativo al anterior, 4200 5608971), por importe de 16.550,64 euros, se ingresó en la oficina del BBVA de empresas en la rambla de Méndez Núñez, según se desprende de la documentación bancaria en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Ambas investigaciones nacen a raíz de sendas denuncias de Compromís, cuyo portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, se ha convertido en un auténtico azote de los populares, ante la más bien discreta oposición de los socialistas alicantinos. En el último pleno, Fullana espetó a Mazón: “Ingresaron medio millón en cuentas del PP sin facturas y llevan seis años intentando justificarlo”. El portavoz de Compormís también deslizó que “con ese dinero, el PP pagaba casi en su totalidad el alquiler de las sedes provinciales”.
El fiscal Pablo Romero, según ha podido confirmar este diario, ya ha solicitado documentación y declaraciones en relación a la contabilidad del grupo popular. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas también investiga la contabilidad opaca del grupo popular, tras una denuncia de Compromís por el supuesto incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas a los grupos políticos y la ausencia de la preceptiva fiscalización.
De hecho, fue el propio fiscal del organismo que vela por las cuentas públicas quien solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante que investigara si los hechos pudieran constituir algún tipo de ilícito penal. La denuncia ante el Tribunal de Cuentas de Compromís apunta a la exigencia de responsabilidad contable contra la interventora de la Diputación de Alicante, Matilde Prieto; el secretario general del PP alicantino, Eduardo Dolón; el exportavoz del PP Carlos Castillo, y el propio partido.
La justificación del trasvase varía según quién lo explique en el partido conservador. Eduardo Dolón, secretario general provincial del PP y vicepresidente de la institución provincial, sostenía que los fondos trasvasados se destinaron a “actuaciones conjuntas realizadas por el partido y que corresponden a gastos indivisibles imputables” al grupo del PP en la Diputación, mientras que la gerente del partido en Alicante, Yolanda Murcia, justificaba los pagos por los “gastos ordinarios del funcionamiento del partido”.
La batalla contra el letrado de Compromís
Fuentes del equipo de Carlos Mazón defienden que el grupo popular “no tiene nada que ocultar”. “Tenemos las cuentas claras”, agregan las mismas fuentes. El PP no se ha quedado quieto ante la avalancha de denuncias de la formación valencianista y ha iniciado una auténtica cruzada contra el letrado de Compromís que se ha encargado de denunciar las presuntas irregularidades. Así, los populares han denunciado a Ximo Perles, coordinador del grupo de Compromís, por una supuesta incompatibilidad en su ejercicio como abogado.
El PP se ha dirigido al Ilustre Colegio de Abogados de Alicante para denunciar una supuesta incompatibilidad del letrado (el PP pedía que se le suspendiera). Y también ha dirigido denuncias ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). El letrado sostiene que solo cobra como coordinador del grupo y que ni siquiera ejerce con clientes privados.
Ante las denuncias de la oposición, los populares han optado por externalizar la auditoría de las cuentas de los grupos. La auditoría, encargada a la consultora Faura Cases por 13.915 euros, debe analizar la contabilidad de los grupos en la institución provincial entre 2015 y 2019 pero sin entrar en el detalle de las facturas.
Así, el portavoz de Compromís ha denunciado de nuevo ante el Ministerio Fiscal, por un supuesto delito de prevaricación, lo que considera una “argucia jurídica” para intentar ocultar las facturas de la contabilidad que investiga precisamente Anticorrupción. “La contratación de la referida auditoría externa debe ser minuciosamente analizada por si constituye una obstaculización, sufragada con dinero público, de la acción de la Justicia”, reza la denuncia de la formación valencianista.
La batalla judicial por la contabilidad opaca del PP de Mazón continúa en los dos frentes de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y en el Tribunal de Cuentas. En el último pleno, celebrado esta misma semana, Fullana regaló el libro sobre Zaplana escrito por el periodista Francesc Arabí al presidente de la institución provincial, quien acusó al portavoz de Compromís de “poner palos en las ruedas”. De momento, los “palos en las ruedas” no han sido un problema para la ascensión de Carlos Mazón al liderazgo del PP valenciano.