Nadie sabe a santo de qué abonó el Levante Unión Deportiva 162.400 euros al abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó al inicio de la investigación del 'caso Azud' que el club granota pagó esa cifra al despacho de Corbín en 2005, el mismo año de la reclasificación del Estadi Ciutat de València, durante el mandato de Pedro Villarroel al frente del club. Los agentes requirieron al equipo el contrato de prestación de servicios y los supuestos trabajos efectuados por el letrado. Sin embargo, el actual presidente, Quico Catalán, reconoció que la documentación fue destruida tras la mudanza de las oficinas del Levante UD del Paseo de la Alameda al estadio, según la contestación al requerimiento que consta en el sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es.
Un portavoz de la actual directiva, consultado por este diario, asegura que el club no tiene “constancia” del pago de 162.400 euros al cuñado de Rita Barberá. “Es de hace 17 años, desconocemos si hubo vinculación y, si fue así, de qué tipo”, agrega. Un informe de la Agencia Tributaria que consta en el sumario encuadra el pago a la firma Corbín Abogados SL (el segundo mayor abono que recibe el despacho en 2005) en la lista de “ingresos que constituyen o podrían constituir el medio de pago de facturas emitidas por la supuesta prestación de servicios profesionales”.
El presidente del Levante UD, Quico Catalán, detallaba a la UCO que en aquella época el consejero delegado del club, Julio Romero Salvador, ejercía las funciones de director financiero y que el gabinete jurídico estaba compuesto por tres asesores externos. Ninguno de los dos asesores externos que le constan a la actual directiva (de las áreas deportiva y laboral) responde al nombre de José María Corbín.
Julio Romero sustituyó en 2006 a Pedro Villarroel en la presidencia del club. La actual ejecutiva del equipo “desconoce si en aquellas fechas se requirió de otras terceras empresas que les auxiliaran en aspectos relacionados con el ámbito legal o jurídico pues no existe documentación en la sociedad sobre dicho particular”.
El Levante UD tramitó en 2005 la aprobación de la reparcelación forzosa de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la reclasificación de su estadio, en calidad de agente urbanizador y de titular de las fincas privadas aportadas. El proyecto de reparcelación forzosa fue aprobado por el Ayuntamiento de Valencia al año siguiente.
Un centro comercial junto al estadio
La remodelación del Estadi Ciutat de València, situado en el barrio de Orriols y colindante con la Ronda Norte, supuso un espaldarazo para una zona fronteriza de la urbe, que cuenta desde entonces con un notable parque inmobiliario. Los terrenos reclasificados albergan actualmente el centro comercial Arena, prácticamente adosado al estadio.
Los agentes de la UCO también se interesaron por la identidad de la persona que, por parte del Levante UD, contrató al despacho de Corbín y por el encargado de comprobar la ejecución de los servicios. La destrucción de la documentación, que el club lleva a cabo sobre los papeles anteriores a cinco ejercicios fiscales, cerró ese hilo de la investigación.
En el sumario del 'caso Azud' también figura otra referencia a la directiva del club decano del fútbol valenciano. El equipo figura anotado en las fichas de clientes del despacho de Corbín por dos procedimientos, correspondientes al 2003 y al 2004 y relativos a la “hacienda municipal”.
En 2005, el letrado José María Corbin también ejerció la defensa del consejero del club Miguel Ángel Ruiz Sanhauja en una sonada querella por injurias, según la ficha de cliente del despacho que figura en el sumario.
Ruiz Sanhauja, posteriormente vicepresidente del club granota, acusó a Enrique Romero, jugador del Deportivo de A Coruña de haberse dejado comprar por el Mallorca para favorecer al equipo balear y evitarle el descenso en detrimento del Levante UD.
El directivo del Levante UD aseguraba haber recibido una llamada telefónica de un supuesto agente de la FIFA residente en Mallorca que le habría dicho que el club mallorquín “tenía comprado el partido contra el Deportivo”. “Digo con la voz alta y clara, que Romero estaba totalmente comprado y que el Deportivo se dejó ganar en ese partido”, afirmó Miguel Ángel Ruiz Sanhauja, actualmente consejero, en un programa de la Cadena Ser. Finalmente, la sentencia impuso una sanción de 30.000 euros al consejero del Levante UD.
El cliente de Corbín es hermano de Javier Ruiz Sanahuja, el encargado de los análisis clínicos de la extinta Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), una suerte de patronal de la prostitución pilotada por el abogado José Luis Roberto, el líder del grupúsculo ultra España 2000. Levantina de Seguridad, otra empresa de Roberto, se encargó durante años de la vigilancia del estadio del Levante UD, lo que provocó las protestas de parte de la afición.
El consejero del club, según el diario El Mundo, también apareció fotografiado entre los contramanifestantes del 9 d'Octubre del 2017, aunque aseguró que se trataba de una casualidad que estuviera en el escenario de los incidentes. Miguel Ángel Ruiz Sanhauja está vinculado, según diversas fuentes, a la ultraderecha, el reducido espacio ideológico del que proviene también el abogado José María Corbín.