El pleno de las Corts valencianes ha aprobado este miércoles la Ley de responsabilidad social, que busca unas empresas más conscientes y con menores daños colaterales para la población y el medio ambiente. La norma ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP y con enmiendas de la patronal y los sindicatos.
Se considera contratación responsable la que contribuya a mejorar la eficiencia del sector público, minimizar el impacto medioambiental o ayudar al cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, entre otras cuestiones.
“La nueva ley nos permite ir un paso más allá, estableciendo un marco jurídico apropiado para incluir cláusulas sociales, ambientales y éticas en la contratación pública”, ha afirmado el conseller de Transparencia y Responsabilidad Social, Manuel Alcaraz.
La ley obliga a las administraciones públicas a incluir cláusulas de responsabilidad social en los pliegos que prohíba que empresas que realicen operaciones financieras consideradas delictivas en paraísos fiscales puedan ser contratadas, que los trabajadores cobren lo estipulado en el convenio colectivo “que establezca las condiciones más beneficiosas”, que afectará también a las subcontratas, según las enmiendas pactadas con patronal y sindicatos. Para ello, se les exigirá una declaración de responsabilidad.
Se especifica que en los criterios de contratación se premiará a quienes utilicen productos de comercio justo, fomenten el valenciano. Asimismo, la administración debe favorecer mediante la negociación con los lobbys que las empresas apliquen horarios que permitan la conciliación laboral-familiar -teletrabajo u horarios flexibles, por ejemplo- y fomentarán la participación del personal en labores de voluntariado o acción social. Para las empresas o entidades que asuman el código ético que indica la norma y quieran realizar ejercicios de transparencia, se creará un registro de empresas socialmente responsables.