Estoy inmensamente feliz. En menos de un mes seré padre de una niña. Afortunadamente, podré disfrutar de un permiso remunerado para la crianza en igualdad de condiciones que mi pareja. Sin duda, un hito histórico para los padres, para la igualdad de género y, principalmente, para los derechos de la infancia.
Un hito acompañado de polémica por todos los flancos. Pero, en política, como en la vida, hay que posicionarse con perspectiva y sin menospreciar la vieja (y real) correlación de fuerzas. La equiparación del permiso de maternidad y paternidad es una conquista social, un avance en derechos, y como tal debe ser reconocida y celebrada. Un paso importante pero no la meta, por muchas razones, que brevemente me gustaría exponer y acompañar de una propuesta que englobe una respuesta.
La principal es una cuestión de clase pues excluye a las madres y padres sin trabajo remunerado. Sin duda, en un país con un empobrecimiento infantil que, según Save the Children, superará el 33% este año, dar cobertura también a estas familias debe ser la prioridad. También, por diferentes razones de género, por un lado porque excluye la realidad de las familias monoparentales (encabezadas en más de un 80% por mujeres). O porque ,como denuncia la plataforma PPIINA, la simultaneidad del permiso por parte de ambos padres durante 6 semanas reforzará ,en la mayor parte de los casos, el rol de la mujer como cuidadora principal. También, como denuncia la asociación PETRA, porque su duración es insuficiente, entre otras causas, no cubre ni los seis meses de lactancia materna que recomienda la OMS.
Y por último porque otorga demasiado poder a la patronal que puede decidir de forma legal cuándo cogerte el permiso (dentro del primer año) y de forma velada invitarte a no cogerlo. Un hecho clave en el país del mundo donde más se ha postergado la maternidad (más de 32 años, de media) por falta de libertad (exclusión social, precariedad o el mal de la “autoexplotación” para poder llegar lejos en las carreras profesionales).
Sin duda, ahora que aparecen oficinas grises con nombres altisonantes de captación de fondos europeos y de colaboración público-privada como setas para diseñar las estrategias del mundo post-covid, que forrarán a las empresas grandes de siempre, es el momento perfecto para exigir una estrategia pública de apoyo a las familias que empiece por garantizar el tiempo para la crianza responsable, afectiva y lúdica.
Para ello es imprescindible la implementación de un permiso universal, intransferible e irrenunciable de 6 meses por nacimiento, acogimiento y adopción remunerado al 100% del salario o equivalente al SMI para quienes no trabajen de forma remunerada.
El permiso, excepto las primeras 4 semanas, no podrá ser disfrutado con simultaneidad con la otra persona progenitora. En caso, de familias monoparentales otra persona de su entorno sociofamiliar dispondrá de 6 meses (o excepcionalmente, podrá acumularse), en caso de partos múltiples se ampliará 3 meses y en el caso de bebés con diversidad funcional el permiso podrá ampliarse remuneradamente hasta los tres años del niño o niña.
El permiso deberá ir acompañado de una prestación universal por hijo e hija a cargo, como en muchos países europeos, hasta la mayoría de edad de 120 euros mensuales por cada hijo e hija, de 180 euros para descendientes monoparentales y de 250 euros en caso de tener una discapacidad superior al 60%.