El PP sigue reivindicando el legado de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló condenado a cuatro años de cárcel por delito fiscal y pendiente de un nuevo juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide 12 años de prisión por los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de condena, blanqueo de capitales y un año por cohecho, además de tres años de inhabilitación para cargo público. Sin embargo, a pesar de semejante panorama judicial, la líder provincial del PP de Castelló ha reivindicado en el pleno de la Diputación de Castelló, gobernada por el socialista José Martí, la figura de Fabra como el responsable de inaugurar un aeropuerto en 2011, pocos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, sin aviones.
La infraestructura aeroportuaria fue reconvertida por la sociedad pública Aerocas en un 'hub' industrial a tenor del fracaso inicial. Así, el pleno de este martes de la Diputación de Castelló aprobó la cesión de los terrenos a la Generalitat que quedarán adscritos a la empresa pública. La mutación demanial fue solicitada por la Generalitat Valenciana con el objetivo de ampliar el proceso de crecimiento y desarrollo del aeropuerto.
La operación, según ha explicado el presidente de la Diputación de Castelló, José Martí, cuenta con todos los informes preceptivos favorables de intervención, patrimonio y secretaría de la propia institución provincial. Sin embargo, el PP ha lamentado que la Diputación “regale los terrenos del aeropuerto de Castellón a la Generalitat Valenciana en lugar de defender el patrimonio, los intereses y el futuro de los castellonenses”. El PP había solicitado la retirada de este punto del orden del día por “falta de transparencia e información”.
De paso, la líder popular de Castelló ha reivindicado el legado de Carlos Fabra, presidente de la institución provincial entre 1995 y 2011. “El 25 de marzo del 2011 hubo un presidente de esta Diputación [Carlos Fabra] que inauguró un aeropuerto, el 23 de marzo del 2023, el presidente de esta Diputación lo acaba de regalar a la Generalitat”, afirma Marta Barrachina. “Dos fechas que van a quedar para la historia”, ha agregado.
La inauguración de la infraestructura, entonces sin aviones, propició una famosa expresión: “El aeropuerto del abuelo”, según dijo Fabra a uno de sus nietos. Tras varios años sin actividad alguna, el pasado 2022 el aeropuerto mantuvo una decena de rutas, con conexiones de Bruselas, Dublín y Madrid, entre otros destinos, con un registro de casi 150.000 pasajeros.
Acciones judiciales del PP
Por su parte, la portavoz adjunta del PP, María Ángeles Pallarés, denuncia que el PSPV-PSOE y Compromís “han decido acatar las órdenes de Ximo Puig y regalar los terrenos del aeropuerto de Castellón a la Generalitat”. Pallarés ha cifrado el valor de los terrenos en 8,7 millones de euros y ha anunciado acciones judiciales “para restablecer el derecho de esta casa, de sus diputados, y por encima de todo, de los vecinos de esta provincia”.
José Martí, por su parte, ha alegado que los terrenos “no son un bien patrimonial, y por lo tanto no se pueden embargar, vender o enajenar, de la misma manera que no se pueden vender una playa o una carretera”. El presidente de la Diputación de Castelló ha defendido la figura de la mutación demanial: “Una administración puede pasar la titularidad a otra, en este caso, a quien hoy tiene las competencias y la gestión del aeropuerto”, ha dicho. “El objetivo es que se desarrolle más y mejor”, ha afirmado Martí en referencia al aeropuerto.
La “intensa actividad bancaria” de Carlos Fabra
Tras una condena firme de cuatro años de cárcel por delito fiscal, Carlos Fabra se enfrenta a una petición de pena de 12 años de prisión por el presunto ocultamiento de su fortuna a Hacienda de cara a eludir parte de la multa impuesta en el primer juicio.
El expolítico del PP recibió 2,6 millones de euros en cuentas a su nombre y mantuvo una “intensa actividad bancaria por él organizada” con abonos superiores a los 26 millones de euros, según la instrucción. Además, investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sospechan que Fabra cobraba comisiones de hasta 100.000 euros por intermediar en proyectos urbanísticos cuando aún presidía la institución provincial.