La AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) no es competente dar una definición en su diccionario de la lengua que la misma academia es la máxima autoridad reguladora.
Así lo ha aprobado el Consell Jurídic Consultiu (CJC), el máximo órgano de consulta legal de la Generalitat, desautorizando a la AVL para hacer una definición de “valenciano”, tras decir que es la misma lengua que en otros territorios llaman “catalán”, porque no se acomoda al concepto de valenciano que se interpreta en el Estatut de Autonomía.
Los juristas afirman que la definición de “valenciano” que se realiza en el Diccionari Normatiu Valencià no se ajusta al contenido del Estatut, donde en el artículo 6.1 se afirma que “la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano”, y que tampoco se ajusta a la Constitución Española. Además apuntan que tampoco se somete a su propia ley de creación, porque es la encargada de defender su denominación y entidad.
El dictamen del CJC se produce tras la petición realizada desde la conselleria de Cultura y envuelta de presiones del PP, e incluso de ataques vandálicos al domicilio del presidente de la AVL.
No obstante la academia también ha recibido los apoyos de los partidos progresistas, así como del mismo Consell Valencià de Cultura (CVC) y de la Universitat de València. Esta última llegó a recordar al PP y a la Generalitat que la unidad de la lengua está respaldada por la comunidad científica internacional, sino que además está avalada por diferentes sentencias de la justicia del TSJCV, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Esta resolución, aprobada por unanimidad -con el voto de miembros como el expresidente Francisco Camps- podría suponer en la práctica la demolición de una institución nacida en 1998 en teoría para acabar con la guerra de la lengua. Una academia marcada por la injerencia política (la que fue su presidenta fundacional dejó el cargo en 2011 para entrar en las listas electorales del PP) puesto que sus miembros han de ser aprobados en las Corts, que sale muy mal parada y que tiene un futuro incierto, que podría llegar hasta su disolución como reclama la extrema derecha.