La infiltración del crimen organizado ruso en las instituciones públicas españolas llega hasta tal punto que funcionarios policiales de Alicante se han dedicado durante años a trabajar para el presunto blanqueador de la mafia a cambio de dinero, joyas, jamón y vino. La red de blanqueo de capitales desarticulada por la Policía en Alicante tenía en nómina a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestaban “servicios de naturaleza esencialmente ilegal” en materia de trámites de extranjería, seguridad y protección de viviendas de lujo, acceso a bases de datos policiales restringidas e incluso el cobro de morosos –con los medios “que hagan falta”– a cambio de una comisión, según desvela el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm al que ha tenido acceso elDiario.es.
La investigación secreta, comandada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el grupo de blanqueo de capitales de la brigada provincial de la Policía Judicial de Alicante, ha seguido el rastro durante siete años de varios supuestos blanqueadores de mafiosos rusos del más alto nivel del crimen organizado asentados en la costa valenciana. Las pesquisas se iniciaron tras detectar movimientos “extraños” de capitales por parte de ciudadanos rusos que recibían grandes transferencias de fondos provenientes de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de empresas de la industria energética radicadas en Letonia y Reino Unido.
El joven empresario y abogado de origen ruso Alexey Shirokov, presunto intermediario con miembros del hampa de Europa del Este del más alto nivel y militante del Partido Popular, mantenía una extensa red clientelar de funcionarios y agentes de la Policía española que le hacían favores a cambio de “regalos constantes”. Los investigadores han identificado al inspector Antonio Romero Cayetano, destinado en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional en la calle del Campo de Mirra de Alicante, como uno de los receptores de “ciertas cantidades económicas”.
El policía, según el auto de la jueza, colaboraba en la “aceleración” de la obtención de permisos de residencia “de forma rápida y salvando ciertos escollos”. Shirokov contactaba con el agente cuando necesitaba acelerar los trámites y acudía a la oficina de extranjería acompañado de sus clientes rusos. El presunto blanqueador mafioso entregaba al uniformado “un sobre con documentación y presuntamente dinero por su intermediación”.
El auto de la titular del Juzgado de instrucción número 1 de Benidorm también alude a accesos irregulares en las bases de datos policiales de identificación de matrículas de vehículos. Así, la red clientelar procedió a la identificación en las bases de datos de acceso reservado “de cualquier coche sospechoso” que rondase las lujosas viviendas de sus clientes en la localidades turísticas de la comarca de la Marina Baixa.
La investigación, desarrollada en el máximo secreto durante siete años para evitar filtraciones, ha intervenido llamadas telefónicas entre Shirokov y un tal Fernando, cuyo teléfono móvil pertenece a la Dirección General de la Policía, en las que el detenido pide ayuda para renovar el DNI del exedil del PP en Altea Jesús Ballester. El presunto hampón le advierte a su contacto en la Policía de que el recado viene del “candidato a alcalde de Altea por el PP” para que el agente “sepa quién es el que pide el favor”. El detenido, tal como ha informado este periódico, mantenía una intensa relación con el actual edil de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, que fardaba de sus contactos en conversaciones telefónicas pinchadas por la Policía.
En otra conversación telefónica pinchada por la Policía, Alexey Shirokov habla con un bodeguero alicantino para comprar 20 cajas de vino de regalo para funcionarios del Ayuntamiento de Altea y de la Guardia Civil. El auto de la jueza instructora también identifica a Marcos Rodríguez Capó, agente del instituto armado, como un “miembro más” de la red clientelar del presunto blanqueador.
Una de las llamadas intervenidas a Shirokov llamó poderosamente la atención de los investigadores que seguían la pista a la red mafiosa. El empresario y abogado recibió un telefonazo de un número cuya titularidad corresponde a José Francisco Molla Ivars, quien le apremia “misteriosamente a no detener su coche, por si le están mirando desde atrás con los cristales tintados”. El interlocutor, identificado como agente de policía, “estaba parado en un control con gente mirando y no quería que le relacionaran” con Shirokov.
El presunto blanqueador de la mafia, en otra conversación con la misma persona, le requiere a alguien para un “delicado trabajo”: el cobro de deudas de “gente que le debe dinero”. El policía contesta que conoce a “gente que lo haría por una comisión” y su interlocutor le asegura que podrían quedarse la mitad del dinero recuperado. Del contenido de estas llamadas, los investigadores deducen que el presunto mafioso “pretende contratar policías para que cobren sus deudas por los medios que hagan falta”.
El presunto blanqueador y militante del PP desplegó una frenética red clientelar para el intercambio de favores y regó a funcionarios y políticos con “constantes regalos” que iban desde jamones y vino hasta joyas. La investigación, que ha contado con la colaboración de Europol, se llevó con la máxima discreción para evitar filtraciones a tenor del nivel de penetración de la red en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas.