Los responsables del equipo de gobierno de la Diputación de Castelló, en manos de la izquierda desde 2019, se han encontrado con una deuda de medio millón de euros heredada de la etapa anterior del PP que desconocían por completo.
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha condenado a la Diputación de Castelló a abonar 531.000 euros a una empresa pública de la Generalitat Valenciana por los patrocinios que impulsó Carlos Fabra con la empresa Match Golf Consulting SL, vinculada a la trama Púnica, y Birdie Diseño y Clase SL para la celebración del torneo. Era la época de los grandes eventos impulsados por los populares, que disparaban con pólvora de rey, y del proyecto de Aeropuerto en Castelló, del que Fabra fue el mayor abanderado.
El convenio se firmó en 2008 entre la Generalitat Valenciana, la institución provincial y las mercantiles organizadoras del evento por un plazo de tres años. Mientras que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,7 millones al año, a la institución provincial le tocaba pagar 300.000 euros. La última adenda, firmada por el sucesor de Fabra, Javier Moliner, fijaba en 3,5 millones de euros la aportación extra para compensar la falta de patrocinadores privados. En paralelo, el Aeropuerto de Castelló abonó 866.100 euros a Match Golf Consulting SL en concepto de patrocinio.
En 2011, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) firmó la subrogación de las obligaciones que mantenía por ese contrato la Conselleria de Cultura y Deporte con el consiguiente pago, satisfecho al año siguiente, de 3,5 millones de euros, de los cuales 531.000 correspondían a la Diputación de Castelló.
La Intervención de la institución provincial rechazó el pago al comprobar en los registros contables del presupuesto que no constaba ningún compromiso de gasto ni obligación reconocida a favor de la SPTCV. El acuerdo de compromiso de gasto no figuraba en las actas de la junta de gobierno y del pleno. La institución provincial se escudó en que la firma del convenio y de las adendas “se realizó sin tramitación administrativa alguna” ni consignación presupuestaria.
La sentencia del TSJ-CV rechaza los argumentos de la Diputación e impone el pago de los 531.000 euros a la SPTCV. “Se trata del cumplimiento de un convenio”, sostienen los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el que “se ha pactado de forma clara e inequívoca, que han de transferir unas determinadas cantidades en unos plazos concretos”.
La obligación de pago fue satisfecha durante los primeros ejercicios, “incumpliéndose el convenio en relación con la última anualidad reclamada”, apostilla el fallo, que también rechaza “los posibles vicios del convenio de validez o eficacia” aducidos por la Diputación al no haberlo dejado sin efecto la Administración, “por lo que debe ser cumplido”.
“Escandalosa mala gestión”
Los portavoces del equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís han comparecido este miércoles para anunciar que interpondrán un recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS). El portavoz socialista, Santi Pérez, ha acusado al expresidente popular Javier Moliner, sucesor de Carlos Fabra al frente de la institución provincial, de “ocultar datos” a la oposición de entonces y al actual equipo de gobierno: “Es una escandalosa mala gestión del anterior equipo de gobierno que todos y todas debemos pagar en la actualidad”.
“Ni la oposición ni el actual equipo de gobierno podíamos saber que existía ese convenio, literalmente se guardó la adenda en un cajón, sin pasar por ningún órgano colegiado de la Diputación”, ha denunciado Pérez. “Mal gobierno es endeudar a la Diputación y no avisar al actual equipo de lo que nos íbamos a encontrar”, apostilla el portavoz socialista, quien lamenta que el medio millón se debería usar para afrontar la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus.
El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha denunciado la “mala gestión” y el “uso partidista” de las instituciones por parte del PP “para alimentar a empresas como las de la trama Púnica”. Garcia ha reconocido que el recurso ante el TS tiene “poco recorrido” pero espera “ganar tiempo” para negociar con la Generalitat. El diputado valencianista ha puesto como ejemplo de la herencia del PP las indemnizaciones millonarias que la Generalitat debe asumir como consecuencia de la anulación de un PAI aprobado por el entonces conseller Rafael Blasco, tal como informó este diario. Garcia ha acusado a Moliner de haber “impedido el ejercicio de la democracia” y de “impedir la fiscalización”.