La mayoría parlamentaria de PP-Vox banaliza la corrupción: de “tomar” Antifraude a romper con la cátedra antiblanqueo

No corren buenos tiempos en la Comunitat Valenciana para las instituciones creadas para la vigilancia, formación y persecución de la corrupción. Tras la llegada de la izquierda a la Generalitat en 2015 en parte ayudada por los numerosos casos de corrupción que habían estallado en las filas del PP, que llegaron a ocupar a la mitad de juzgados de instrucción de Valencia, los partidos del Botànic intentaron articular una arquitectura institucional para prevenir en el futuro que aquella situación no volviera a repetirse. La Agencia Valenciana Antifraude fue el símbolo, pero también se impulsaron colaboraciones con las universidades como la Cátedra Deblanc o se creó una oficina para la recuperación del dinero presuntamente saqueado.

Un año y tres meses después, esta estrategia de situar la lucha contra la corrupción en el foco de las políticas públicas ha desaparecido. A principio de la legislatura, el propio presidente Carlos Mazón anunció una auditoría forense a los años de gestión del Botànic, asegurando que el bipartito de PSPV-PSOE y Compromís habían pagado más de 700 millones de euros en contratos a dedo. Pero ante la posible gravedad de este asunto, Mazón no pidió a la Agencia Antifraude que elaborara estos trabajos, sino que se los encargó a la Abogacía de la Generalitat, a la que ordeno que hiciera un estudio de las “malas prácticas” de la anterior legislatura. El anuncio lo hizo en noviembre de 2023 y, de momento, sobre esta macro-investigación no ha habido noticias.

Fue muy sintomático que el presidente de la Generalitat no encargara estos trabajos a la agencia especializada en ello y, sobre todo, a la que tiene el personal público cualificado e independiente. Una manera de ningunear a la institución dependiente de Les Corts Valencianes. Pero no acabó ahí la cosa. El PP y Vox cambiaron la ley autonómica a principios de 2024 para poder elegir al director de la Agencia Antifraude por mayoría simple, saltándose así la mayoría cualificada necesaria que fijó el Botànic y Ciudadanos en 2016. Este cambio legislativo permitió a Eduardo Beut, una persona próxima al expresidente Eduardo Zaplana e inspector de Hacienda, llegar a la dirección de la entidad.

Beut tomó posesión a finales de julio pasado y a principios de septiembre ya empezó a cambiar la dirección de la agencia y a cuestionar la colaboración de la Agencia con la Fiscalía Anticorrupción, una competencia que está fijada en sus estatutos. Destituyó a dos puntales de la entidad, Teresa Clemente, directora adjunta y funcionaria clave en la denuncia del caso Blasco, y Gustavo Segura, director de investigación y exinterventor en Mislata. Y como muestra un botón. Un alto cargo de Presidencia de la Generalitat aseguró en una intervención en el Consell Jurídic Consultiu que la Agencia Antifraude no debía dedicarse a ser una policía de la administración, sino a otras cosas.

La Agencia Antifraude tendrá ahora que empezar a andar con el nuevo director y el tiempo dirá si tras la purga del personal fichado por el anterior director, Joan Llinares, la entidad cambia de rumbo. Las Corts tendrán mucho que decir.

Otra de las iniciativas de lucha contra la corrupción fue la firma de un convenio entre la Generalitat y la Universitat de València para crear la Cátedra Debalanc. El Botànic destinó 140.000 euros al año que con la llegada de Vox y ahora con el PP fueron eliminados de los presupuestos de la Conselleria de Justicia. La cátedra ha permitido desde 2018 la colaboración para realizar actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria orientada al conocimiento y difusión permanente de los procedimientos y técnicas más efectivas y actuales para la lucha, formación y detección de todo tipo de delitos económicos y financieros de blanqueo de capitales o de corrupción.

En 2018, la Cátedra impartió cuatro cursos en la Ciudad de la Justicia de València, todos consensuados con el juez decano, Pedro Viguer, y el fiscal coordinador de delitos económicos, Ricardo Olivares. Además, la Universitat de València también convocó los Premios de la Cátedra Deblanc, al mejor trabajo de final de Grado o final de Máster sobre un tema relacionado con delitos financieros y blanqueo de capitales y organizó las Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales.

Ante la eliminación de la subvención, la diputada del PSPV-PSOE Alicia Andújar ha presentado una proposición no de ley para que la Conselleria de Justicia e Interior renueve el convenio con la Cátedra Deblanc y que tenga una dotación anual de 150.000 euros.

En agosto de 2023, nada más llegar a la presidencia, el propio Mazón eliminó la Oficina de Recuperación de Activos, un equipo dependiente de Presidencia de la Generalitat que había conseguido reingresar más de ocho millones de euros del dinero público desviado por casos de corrupción en la Comunidad valenciana. Mazón dijo querer “despolitizar” esta oficina y pasó sus competencia a la Abogacía de la Generalitat.

La sociedad valenciana y sus instituciones supieron responder al reto de la corrupción política y empresarial y crearon una arquitectura modélica y que ha sido copiada en otras comunidades autónomas y premiada por la Comisión Europea.