Una parte del tejido empresarial valenciano ligado al sector de la construcción estuvo, durante los años de la burbuja inmobiliaria, inmerso en la financiación en B del PP de Francisco Camps y de Rita Barberá. Y parte de los contratos de emergencia tras la DANA que azotó varias comarcas de la provincia de València, adjudicados por el actual Ejecutivo autonómico de Mazón, han ido a parar a algunos de los empresarios que figuran sentenciados como financiadores de la 'caja B' del PP valenciano o inmersos en una instrucción judicial.
Es el caso de un sector vital como el de las depuradoras y los colectores de aguas, gravemente dañados por los efectos de la DANA del pasado 29 de octubre. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) dependiente de la Conselleria de de Infraestructuras ha destinado 50,6 millones de euros en contratos de emergencia para obras en sus infarestructuras, de los cuales 34,2 millones han ido a parar a empresas que financiaron al PP valenciano, principalmente en el marco de dos tramas de corrupción —el 'caso Gürtel' y el 'caso Taula'— ya sentenciadas tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia Provincial de València. Adicionalmente, otro de los contratos ha sido adjudicado a una constructora que presuntamente pagó comisiones al cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, unas supuestas mordidas investigadas en la instrucción del 'caso Azud'. Esta última tanda de contratos a dedo se suma a las adjudicaciones de emergencias a empresarios vinculados a la financiación del PP en 'Gürtel' para las obras de reparación de la presa de Buseo y para el tramo del metro que atraviesa el barranco del Poyo.
El secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra Mengual, que depende del conseller Vicente Martínez Mus, ha adjudicado recientemente los contratos de emergencia para las obras en una docena de infraestructuras con “afecciones de mayor envergadura”. Se trata de depuradores y colectores con daños que no han podido ser reparados “directamente” por las empresas que ostentan los contratos de operación y mantenimiento, afirma Javier Sendra en el acuerdo de declaración de emergencia. Los daños de la DANA han afectado “gravemente al correcto funcionamiento” de las infraestructuras y, en algunos casos, las han dejado “completamente fuera de servicio”.
– La constructora Becsa SA ha recibido un contrato de emergencia de 2,3 millones de euros para obras en infraestructuras de EPSAR en Vilamarxant, un municipìo situado en la comarca valenciana del Camp de Túria. Se trata de la misma empresa que se ha encargado de las obras, también adjudicadas a dedo, en la presa de Buseo en Sot de Chera, tal como informó este diario.
Uno de los accionistas, Gabriel Alberto Batalla Reigada (hijo del fundador de la constructora castellonense), fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental, tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y rebajar así la pena, en la pieza del 'caso Gürtel' de la financiación ilegal del PP valenciano. Becsa SA, tal como reveló el sumario del 'caso Fabra 2', también abonó gastos de seguridad privada para Carlos Fabra después de abandonar sus cargos institucionales.
Lubasa, antigua marca de la empresa fundada por Luis Batalla, aportó 200.000 euros a la 'caja B' del PP de València para la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007, tal como acredita la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula', dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València el pasado 30 de julio.
– La Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), por su parte, ha obtenido contratos que suman un total de 9,5 millones de euros para obras en la depuradora de Pinedo y en infraestructuras de EPSAR en Algemesí, Albalat, l'Alcúdia y Carlet. La empresa, histórica concesionaria del Ayuntamiento de València, abonó 300.000 euros entre 2006 y 2007 a la 'caja B' del PP de Rita Barberá, según misma sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula'.
– CHM Obras e Infraestructuras ha obtenido un contrato de emergencia de 2,8 millones de euros para obras en una infarestructura de EPSAR en Utiel, una de las primera poblaciones afectadas por la DANA. El presidente de la constructora, Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental. Su hermano José Martínez Berna, consejero de la mercantil, también fue condenado a la misma pena, tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 entre ambos empresarios y la Fiscalía Anticorrupción.
La misma firma, tal como ha informado este diario, también ha obtenido 4,2 millones de euros de los contratos de emergencia de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para obras de reparación en el tramo que atraviesa el barranco del Poyo. FGV, al igual que EPSAR, dependen de la Conselleria de Infraestructuras.
– Facsa, del empresario Enrique Gimeno, ha obtenido contratos por un valor total de 1,5 millones de euros para obras en las instalaciones de EPSAR en Benicarló, también afectadas por la segunda DANA en Castelló, y en Alzira y Carcaixent, dos localidades de la comarca de la Ribera Alta. Gimeno aceptó, en el juicio del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, una pena de un año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y un delito de falsedad documental tras haber confesado la financiación en B del PP valenciano en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
El empresario también hizo un préstamo —a fondo perdido— a Carlos Fabra, expresidente popular de la Diputación de Castelló, que le costó el procesamiento en el 'caso Fabra 2'. La firma Facsa controla el sector del agua en Castelló desde finales del siglo XIX.
– FCC Aqualia (filial del gigante de la construcción que hizo donaciones, por un total de 60.000 euros, a la 'caja B' central del PP, según reflejan los 'papeles de Bárcenas y reconoció su expresidente en una comisión de investigación en el Congreso) ha sido adjudicataria de un contrato de 7,4 millones de euros para obras en el EDAR de Buñol-Alborache. La constructora también aportó 200.000 euros al PP de Rita Barberá entre 2006 y 2007, tal como reseña la sentencia de la pieza A del 'caso Taula'.
– Pavagua Ambiental, filial del grupo Pavasal, ha obtenido 426.708 euros en un contrato de emergencia para las obras en infraestructuras de EPSAR en el circuito y en el complejo educativo de Cheste. Pavasal pagó un total de 240.000 euros a la 'caja B' del PP de Rita Barberá, según la sentencia de la pieza A del 'caso Taula'.
– La constructora Ocide también se ha hecho con un contrato de 10,1 millones de euros para las obras en los colectores de EPSAR de Torrent y Picanya. Se trata de una empresa que, según el sumario del 'caso Azud', pagó presuntas mordidas al cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, uno de los principales investigados en la causa, aún en fase de instrucción.
Hasta año y medio de obras
Los daños de la DANA en las depuradoras y colectores, según explica el secretario autonómico Javier Sendra Mengual, han generado una “situación de grave peligro” para la “salud pública y el medio ambiente” y para la “integridad” de las propias infraestructuras y la salud y seguridad de los trabajadores. Esta situación, argumenta el alto cargo autonómico, “debe paliarse a la mayor brevedad posible”.
Sin embargo, EPSAR se ha topado con un problema añadido: a consecuencia de las actuales “condiciones de inaccesibilidad” en algunos tramos de colectores e instalaciones afectadas, “no se ha podido determinar el alcance de los daños producidos”, reconoce el secretario autonómico de Infraestructuras, quien apostilla que “a medida que se desarrollen las actuaciones propuestas pueden surgir nuevas necesidades no previstas inicialmente”.
De hecho, uno de los contratos —adjudicado a una firma ajena a la financiación del PP para obras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Quart-Benàger— plantea un plazo estimado de ejecución de hasta un año y medio. Las obras en el EDAR de Utiel cuentan con un plazo de 14 meses; la depuradora de Pinedo, 11 meses; los colectores de Torrent y Picanya, nueve meses; las deputadoras de Requena, Algemesí, Albalat, Alcúdia y Carlet seis meses; las infraestructuras de EPSAR en Vilamarxant, Buñol, Alborache y Requena-San Antonio y Aldeas de la Vega, cuatro meses, y las instalaciones en Benicarló, tres meses.
Las obras con un plazo estimado de ejecución más corto, de apenas un mes, corresponden al circuito y al complejo educativo de Cheste.