Los desarrollos urbanísticos volverán a estar en manos de los promotores en la Comunitat Valenciana. Al menos esta es una de las novedades que pretende introducir el Gobierno valenciano con la reforma de ley urbanística que anunció este miércoles el presidente Carlos Mazón durante el debate de política general. El dirigente valenciano, del PP, ha defendido que se necesita una legislación “más simple, más clara y con más protección” para “construir más viviendas, crear más industria y dinamizar la actividad económica”.
La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio abre este miércoles el periodo de consulta previa para recabar sugerencias con el objetivo de “simplificar trámites, eliminar cargas administrativas y superar incoherencias” de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), la legislación actualmente vigente, aprobada por el Ejecutivo del Pacto Botánico. Mazón ya ha emprendido modificaciones puntuales de las normas territorio a través de decretos, como el plan simplifica, aún en tramitación.
Sobre la reforma, fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus explicaron la línea en la que irán los cambios, enfocados a dotar de mayor protagonismo a la iniciativa privada. En concreto, algunas cuestiones que podrían ser estudiadas y en su caso incorporadas en el anteproyecto son, por ejemplo, “en materia de planeamiento la posibilidad de regular de modo más claro la participación de la iniciativa privada en la formulación de propuesta en este ámbito” y también, “una nueva regulación del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos, la flexibilización del planeamiento, o la regulación específica de la emisión de los informes sectoriales en esta materia”.
Por otro lado, en cuanto a urbanismo, “se podría favorecer la gestión indirecta de los Programas de Actuación Integrada (PAI), sin que deba justificarse la no procedencia de la gestión directa, así como estudiar posibles nuevas modalidades de sistemas de ejecución del planeamiento, como el de expropiación por concesionario, además de agilizar la tramitación del otorgamiento de las licencias de obra”.
Asimismo, “en relación con el suelo no urbanizable, se estudiará la reconsideración de la actual regulación de las Declaraciones de Interés Comunitario, así como de medidas para agilizar el procedimiento”. Y también se analizarán “las medidas para favorecer la implantación de actividades terciarias y de ocio recreativas en el suelo no urbanizable”.
Finalmente, comentaron que “se podrán revisar los procesos de regularización de construcciones ilegales, estudiando la posibilidad de instrumentar determinados supuestos mediante proyectos de obra y con un posible replanteamiento de la actual regulación, e implementar medidas que favorezcan a los municipios con riesgo de despoblamiento, caracterizados en general por ser más vulnerables”.
El Consell de Mazón ya aprobó el pasado diciembre una reforma de la LOTUP, que eliminó la obligatoriedad de la consulta previa en la presentación de los llamados proyectos estratégicos, aquellas grandes inversiones industriales, urbanísticas o de ocio que quieran instalarse en suelo valenciano. El Ejecutivo autonómico decidirá “caso por caso” si debe realizarse o no la consulta pública previa, en “los términos previstos” en la legislación, con el objetivo de “acortar y agilizar plazos”. También se avanza en la modificación de la ley de Costas y en el Pativel en la misma línea: facilitar la actividad económica.