Colectivos de 18 ciudades con puerto se dan cita en València para debatir sobre sus condiciones. En el contexto de la capitalidad verde europea de la ciudad de València, la Comissió Ciutat-Port, que trata de impedir la ampliación norte del puerto de València desde hace años, ha organizado la primera cumbre de colectivos homólogos.
La cumbre denuncia que los territorios que acogen infraestructuras portuarias, ya desde los años 80 y 90, “desacoplaron sus economías de la actividad portuaria, pero no desacoplaron las consecuencias ambientales y sociales de los puertos”. Según este razonamiento, la economía regional ya no se sirve del transporte marítimo para su beneficio: “Las multinacionales se han convertido en entes propios que funcionan de forma extractiva”, denuncian, porque “extraen riqueza pública y privada y recursos naturales para incorporarlo a su maquinaria global y acabar tributando en paraísos fiscales”.
Los colectivos implicados alertan de la gran brecha que existe entre la gestión portuaria estatal y el contexto triple: medioambiental, con impactos inasumibles incluso en espacios protegidos; social, por la falta de transparencia y democracia en la gobernanza portuaria y la pérdida de empleos locales. Creen que territorios pueden hacer mucho más para proteger los intereses de la ciudadanía, así como el Estado español, como propietario y decisor del espacio portuario.
La sesión, celebrada este fin de semana, identifica como “abusos y amenazas” más generalizados: la falta de una estrategia estatal “racional” en puertos; expansiones de puertos “innecesarias, que solo responden a intereses particulares de multinacionales navieras e industriales”; actividades que impactan definitivamente en la salud, como los graneles al aire libre o las emisiones de la combustión de fuel-oil en el puerto y accesos; la falta de estaciones de medición de calidad del aire y la masificación turística, -a la que añade el consumo desorbitado de agua potable en contexto de sequía y la descarga de residuos-.
La actividad portuaria, sostienen, genera muchos tipos de “impactos inasumibles a espacios protegidos, terrestres y marinos”. Según denuncian, “se ocultan los impactos y costes públicos de otras infraestructuras necesarias para hacer funcionales las actividades portuarias, que fragmentan y destruyen territorio más allá de los límites del puerto”. Hay, de manera reiterada, un “obstruccionismo legal e incumplimiento de obligaciones de transparencia para la participación ciudadana en la toma de decisiones”, con poco tiempo para alegaciones, sin presupuesto para hacer estudios independientes.
Los colectivos preparan una declaración conjunta, en la que plantean un decálogo de medidas para “liberar a nuestros puertos del secuestro de las multinacionales”. Entre ellas, destacan priorizar la aplicación de las pocas herramientas de evaluación ambiental de forma estricta; revisar los límites y zonas de usos portuarios en límites con zonas protegidas, incluyendo las de Red Natura2000, para establecer zonas de amortiguación funcionales y realistas; incorporar a la gobernanza portuaria mecanismos garantistas de transparencia y participación ciudadana, como pueden ser los consejos rectores de los parques nacionales (otros organismos autónomos del Estado), mecanismos de gobernanza que ya existen y se podrían incorporar a puertos o equilibrar la inversión pública en la actividad portuaria con los beneficios para el interés general público, así como introducir mecanismos de justicia restaurativa o deuda histórica, con los espacios sacrificados, y devolver a la ciudad los espacios portuarios que no se usan.
También reclaman un “decrecimiento crucerístico, al menos hasta alcanzar niveles reales de capacidad de carga turística de las ciudades y territorios, limitación de servicios como agua y residuos para que se adecúen al contexto territorial, y revisión de las tasas portuarias adecuándolas al coste real generado”.
En la cumbre participan colectivos de Palma de Mallorca en Baleares, Barcelona y Tarragona en Catalunya, Cartagena en Murcia y Sagunt, Alacant y València en la Comunitat Valenciana acuden presencialmente, y otras muchas participan de los acuerdos y acciones acordadas: Corralejo en Fuerteventura y Fonsalía en Tenerife, de la costa norte A Coruña, Vigo y Ferrol en Galicia, Avilés y Xixón en Asturies, Santander en Cantabria, Bilbao en el País Vasco y Motril, Campo de Gibraltar y Málaga en Andalucía.