La represión franquista de posguerra en Castelló: baile y orquesta en honor al militar que fusilaba republicanos

La noche del 28 de junio de 1939 fueron fusilados 15 republicanos en Segorbe, la capital de la comarca del Alto Palancia, mientras en la plaza del pueblo el ayuntamiento organizaba un baile con orquesta para honrar al comandante militar de la plaza. Es una de las escenas sobre el sombrío periodo de la represión franquista que el historiador Juan Luis Porcar Orihuela (València, 1966) ha rescatado en su libro Un país en blanc i negre. Memòria històrica i repressió franquista a Castelló (UJI, 2020), en su tercera edición revisada.

“Conforme avanza el frente se conjugan dos tipos de represión, la legal y los asesinatos extrajudiciales cuando entraban las tropas”, explica por teléfono a elDiario.es Porcar, técnico documentalista de la UJI y activo miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló que ha revisado infinidad de archivos penitenciarios, provinciales, municipales y militares y ha acumulado valiosos testimonios de fuentes orales en un libro de referencia para el estudio sobre la represión franquista en la provincia de Castelló.

“Los sumarísimos muestran que prácticamente por los mismos hechos que condenaban a muerte en 1938, en 1943 no se condenaba tanto a muerte”, señala el historiador. Además, hubo represión extrajudicial, la persecución de maquis y muertes en prisión debido a las durísimas condiciones que impuso en las cárceles el régimen del general Francisco Franco. Así, la represión franquista en la provincia de Castelló fue superior, en términos cuantitativos, al resto del territorio valenciano porque la justicia militar era más dura en 1938, cuando la capital de La Plana cae en manos de los sublevados, que en años posteriores de la posguerra. “En 1938, la gente que no pudo ser evacuada tenía un perfil muy bajo y, sin embargo, se fusila a mucha gente porque tienen que encontrar culpables y necesitan venganza”, afirma Porcar.

El historiador, hace casi dos décadas, empezó a buscar la documentación desperdigada en varios archivos. Fruto de un convenio entre la UJI y la Subdelegación de Defensa en la provincia, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica dispone de todos los sumarios de la justicia militar franquista digitalizados. En otros archivos fue más complicado y tuvo que solicitar el acceso mediante instancias ya que nadie antes había consultado determinados documentos vinculados a la represión franquista. “Había que disimular un poco el objeto del estudio porque en aquella época algunos archivos que consulté dependían de instituciones en manos del ala más dura del Partido Popular de Castelló y esos temas no les hacían gracia”, confiesa el historiador. A pesar de que en los últimos años ha habido más aperturismo en materia de archivos de la represión, Porcar lamenta que aún hoy “a veces te encuentras problemas”.

La investigación incluye muchos aspectos de la represión que se pueden extrapolar a otras ciudades ocupadas hacia el final de la contienda por el bando franquista. El general Antonio Aranda firmó la declaración del estado de guerra en Castelló el 17 de junio de 1938, dando inicio a la persecución sistemática de los vencidos que no habían podido huir “con una amplia participación popular de informantes, delatores y denunciantes, incentivados por las nuevas autoridades”, escribe el historiador. Paralelamente a los consejos de guerra y a los juzgados militares, otros organismos como la Columna de Orden y Policía de Ocupación o los falangistas de la Quinta Columna también tuvieron un papel importante en la represión.

“Después de la detención”, cuenta el investigador, “comenzaban las diligencias. Los acusados eran trasladados a centros de detención: el cuartel de la Guardia Civil o la sede de la Falange, lugares donde no se facilitaba la asistencia letrada a los presos. El tiempo de estancia era indeterminado y era habitual la obtención de declaraciones mediante vejaciones y tortura que, a veces, por exceso de los torturadores, ponían fin a la vida del inculpado”. Las cárceles de Castelló, Borriana, Vinaròs y otros centros de detención improvisados en Benicarló, Morella, Segorbe o Llucena, así como los depósitos municipales en otros municipios, se desbordaron de presos del bando republicano.

Del total de 13.284 encausados, 11.664 eran vecinos de localidades de la provincia, ante cuyos consejos de guerra sumarísimos desfilaron 990 mujeres. “La jurisdicción militar tuvo una función fundamental en la represión, ejecutando con toda precisión y frialdad una política de exterminio de los republicanos y de los demócratas y combinando la eliminación física, mediante las ejecuciones de las penas de muerte, el encarcelamiento masivo y la discriminación de los vencidos en todos los ámbitos”, sostiene el autor, quien ha localizado casos de víctimas que ni siquiera eran acusadas por hechos violentos, como el panadero de 59 años José Royo Godes, fusilado “a pesar de no estar inmerso en ningún delito de sangre ni acción violenta: fue encausado por ser secretario del Partido Comunista y vocal del Tribunal Popular de la ciudad de Castelló”.

La investigación de Juan Luis Porcar incluye también valiosas referencias a los lugares donde se desarrolló la limpieza franquista de los últimos territorios que habían resistido fieles a la legalidad republicana. En Castelló, los consejos de guerra, cuyas vistas eran públicas, se celebraban en el edificio de la Audiencia de la plaza de la Paz mientras que en Burriana tenían lugar en el Gran Casino, que ocupa hoy en día la oficina principal de Caixa Rural Sant Josep en el centro neurálgico de la ciudad.

“Los juicios eran colectivos y los acusados, unidos por una larga cuerda, atados de manos y cuello y rodeados de guardias civiles, llegaban desde la prisión de la Mercé al lugar donde se debía hacer el juicio”, apunta el libro. En Vila-real y en Borriol se celebraban en el ayuntamiento y en Vinaròs en el edificio que ocupan hoy en día las oficinas de correos. Muchos de estos lugares han podido ser localizados gracias al centenar de testimonios orales que ha recopilado a lo largo de los años el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.

El tipo de ejecución más común en el caso de la provincia de Castelló era el fusilamiento, que solía producirse al amanecer en las tapias de los cementerios. Solo en la capital, el total de víctimas mortales fue de 975 personas, de las que 882 fueron fusiladas, 86 murieron en la prisión y en el Hospital Provincial y siete a causa de “episodios de represión extrajudicial”. Ocho décadas después de aquellos terribles sucesos, la Generalitat Valenciana ha financiado los trabajos de excavación de la fosa común del cementerio civil de la capital de La Plana, de la que se ha exhumado recientemente, entre otros, al alcalde republicano de Llucena.