La dictadura del general Francisco Franco no sólo fusiló y hacinó en cárceles a miles de presos políticos. Una ley permitió a la represión franquista expoliar los bienes de los republicanos vencidos durante y después de la Guerra Civil. “Fuera de la Universidad el problema que estamos viendo con el paso del tiempo es el reduccionismo del fenómeno represivo; se sigue entendiendo como ejecuciones y prisiones y eso impide comprenderlo en toda su complejidad y gravedad”, explica a elDiario.es la investigadora Mélanie Ibáñez, autora de Seguimos siendo culpables. La Ley de Responsabilidades Políticas contra las mujeres en Valencia (1939-1948), editado por Publicacions de la Universitat de València.
La obra, basada en la tesis doctoral de la historiadora, traza el andamiaje de la represión económica del franquismo centrándose en las mujeres republicanas de Valencia con menos recursos. “Hubo un especial ensañamiento”, asegura Ibáñez, quien señala en su libro: “Las mujeres fueron en muchos casos las víctimas principales de acciones como los saqueos, al encontrarse los varones de la familia huidos o detenidos”. La ley de responsabilidades políticas fue aprobada el 9 de febrero de 1939 como “culminación de la judicialización del expolio que se venía produciendo desde los primeros momentos del golpe de Estado”.
Así, la ley “complementó y completó en su vertiente económica el multifacético fenómeno represivo, especialmente la labor ejercida por los tribunales militares”. Desde el inicio de la Guerra Civil se produce el paso previo de las incautaciones de bienes para financiar la sublevación contra el orden democrático de la II República. Tildada de monstruosidad o aberración jurídica, debido a su carácter retroactivo, la ley castigaba con el expolio de bienes a los vencidos republicanos; en algunos casos las responsabilidades de los consejos de guerra se retrotraen hasta la década de 1910. “He visto casos de maestras que se retrotraen a toda su actividad laboral”, afirma Mélanie Ibáñez, que ha estado durante años rastreando los expedientes catalogados en el Arxiu del Regne de València.
La investigadora ha seguido la línea de los estudios sobre género en materia de represión franquista en el País Valenciano iniciada por las historiadoras Ana Aguado, autora del prólogo, o Vicenta Verdugo. “Normalmente, cuando se habla de responsabilidades políticas, los estudios han tomado como colectivos de referencia a las autoridades republicanas, generalmente hombres”, explica Ibáñez, quien sostiene que con el estudio del caso de las mujeres se entiende mejor la complejidad del fenómeno represivo.
La ley marcaba unos plazos demasiado ajustados que propiciaron un colapso de las causas tramitadas: se acumulaban muchos más asuntos pendientes que los que se podían resolver. En 1942, el régimen reformó la legislación para rebajar el número de responsables políticos y suprimir la jurisdicción especial. “El colapso de la justicia hace que se alarguen los procedimientos hasta extremos brutales, años y años, cuando se contemplan plazos ridículos”, afirma la autora.
El libro también repasa los efectos en la vida cotidiana de la vertiente económica de la represión franquista. “En el plano más tangible, las autoridades locales rondaban tu casa para pedir informes, te señalaban, con el miedo que te podía generar, y en el plano más intangible, pero que no hay que desdeñar, está la cuestión del estigma y el miedo a una multa que no puedes pagar”, declara Ibáñez.
Los expedientes para localizar y expoliar bienes se prolongaron durante décadas (fue el caso del escritor Max Aub). Los bienes robados eran posteriormente subastados y, en algunos casos, los familiares se las ingeniaban, “aprovechando brechas de la ley”, para pujar y así recuperarlos. También, en el contexto de la corrupción sistémica del franquismo, hubo un aprovechamiento por parte de las nuevas autoridades en beneficio propio. “Pondría la mano en el fuego por que había corrupción, seguro, al menos a pequeña escala. O, dentro de la corrupción, prevaricaciones como avisar de lo que se iba a poner en venta”, afirma la investigadora.
Un caso paradigmático es el de la farmacéutica de Gandia Ángeles Malonda. Tras el fusilamiento de su marido, su farmacia fue expoliada y tuvo que recomprarla muchos años después, tras haber salido de prisión. Mélanie Ibáñez también ha publicado, junto con Antonio Calzado, el estudio Repressió econòmica i control social. La Llei de responsabilitats polítiques i la seua aplicació a Gandia, Beniopa i Benipeixcar, editado por Afers. “Ajustar el microscopio permite ver cosas que cuando aplicas la lente en un espacio más grande es más difícil de percibir”, explica la historiadora.
Así, la trayectoria vital de Ángeles Malonda, retratada en sus memorias Aquello sucedió así (PUV, 2015), ilustra el fenómeno de la taca (mancha en valenciano): “El estigma del miedo y de la persecución que no termina y el sentimiento de encontrarse siempre bajo vigilancia”. Además, el enfoque de Mélanie Ibáñez sirve también para “impugnar las cifras” oficiales. “Los listados de represaliados mienten, hay mujeres cuyo nombre nunca apareció en un expediente”, explica la autora.
“En ausencia de sus maridos, hijos o padres, fueron ellas las que se ocuparon de todo lo relativo a los expedientes y sobre ellas recayó la ferocidad de las responsabilidades políticas. A día de hoy haría falta un estudio sistemático para calibrar hasta qué punto las mujeres se hicieron cargo de los expedientes abiertos”, lamenta la investigadora.
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