La tentación ultra de la UCD en la Transición: un 'padre de la Constitución' tenía en su archivo copia notarial de la creación del colectivo anticatalanista más activo

Emilio Attard (1915-1997), líder de la UCD valenciana y presidente de la comisión del Congreso de los Diputados que redactó la Constitución de 1978, tenía en su archivo una copia notarial de los estatutos del Grupo de Acción Valencianista (GAV), una pequeña organización anticatalanista que protagonizó gran parte de la violencia callejera contra la izquierda a partir de la Transición. El archivo de Attard, cedido por su sobrino Vicente Navarro de Luján hace unos años a la Biblioteca Valenciana, incluye una carpeta que contiene una copia notarial de los estatutos del GAV, un grupúsculo ultra cuyos dirigentes han sido condenados por episodios de violencia política.

El abogado y político valenciano, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, fue elegido diputado por València en las elecciones de 1977 y 1979 y vicepresidente del Congreso. Attard, junto con Fernando Abril Martorell y con el apoyo incondicional del diario Las Provincias, y singularmente de su entonces directora María Consuelo Reyna, pilotó el giro anticatalanista de la derecha valenciana.

El documento archivado en Sant Miquel del Reis, consultado por elDiario.es, es una “copia de acta de presencia y protocolización a requerimiento” del GAV firmada por el notario Jerónimo Cerdá Bañuls el 31 de agosto de 1978 y de la que se expidieron “25 copias a instancias del compareciente”, el entonces presidente de la entidad Pascual Martín Villalba. El documento notarial detalla los estatutos de la entidad ultra, reconocida por el Ministerio del Interior el 10 de mayo de aquel año, y adjunta las firmas de un manifiesto contra la vía autonomista de creación de un Estatut para el País Valenciano.

El manifiesto señala: “Estamos dispuestos a luchar y a exigir responsabilidades a todos los [parlamentarios] que no cumplan los fines para los que fueron designados”. Y así fue. El colectivo, integrado por varias familias de la extrema derecha y por elementos del régimen franquista, ha protagonizado algunos de los episodios violentos más sonados de la política valenciana. En sus más de cuatro décadas de historia, varios dirigentes han sido condenados por agresiones a entidades culturales, movimientos sociales o partidos de izquierda. Uno de los presuntos cabecillas de las agresiones del 9 de octubre del 2017, imputado en la causa y miembro del GAV, fue condenado por el ataque a un grupo de menores con objetos contundentes en un encuentro de Escola Valenciana, una asociación cívica que promociona el uso del valenciano en los colegios públicos, tal como informó este diario.

En la Transición, la derecha valenciana optó por la vía del anticatalanismo para combatir a la izquierda, que obtuvo amplias mayorías en los primeros procesos electorales libres desde la República. La inmensa mayoría de las agresiones quedó impune. El atentado contra el escritor Joan Fuster, tal como ha documentado el periodista Francesc Bayarri en Matar Joan Fuster (Austrohongaresa, 2018), ni siquiera mereció una investigación judicial digna de ese nombre (el sumario del ataque con explosivo plástico era ridículamente breve: sólo 40 folios).

“Lo cierto es que nunca hubo —ni ha habido— detenciones en relación a los hechos más graves. El gobernador civil de aquella primera época de violencia, el ucedista [Manuel] Pérez Olea, apenas movió un dedo para esclarecer los incidentes más importantes”, escribe Francesc Viadel, autor de No mos fareu catalans. Història inacabada del blaverisme (PUV, 2009). La carpeta incluida en el archivo de Attard, además de revistillas y panfletos del GAV, también contiene una copia del manifiesto por el Estatut firmado por destacados políticos e intelectuales de izquierda, acompañado de una decena de folios con los nombres completos y DNI de sus promotores.

La lista de atentados y agresiones es tan larga que ha merecido incluso tesis doctorales. El historiador Borja Ribera, que prepara su tesis sobre la violencia política en la Transición, recuerda que el primer presidente del GAV, Rafael Orellano, fue concejal por la UCD en el Ayuntamiento de València. El 9 de octubre de 1979, durante la procesión cívica, hubo graves agresiones ultras a dirigentes de la izquierda (el alcalde de València, Ricard Pérez Casado, el presidente de la Diputación, Manuel Girona, así como autoridades académicas, fueron atacados a plena luz del día). “No sólo es que no hubo condenados, es que la Policía no hizo nada ni identificó a nadie”, explica por teléfono a este diario el historiador. “UCD no tenía discurso, parece que abrazaron el blaverismo como forma de hacerse fuertes y les venía bien para cerrar el tema autonomista”, apostilla Ribera. Se denominó “blavers” a los ultras que se amparaban en la defensa de la banda azul en la senyera.

Orellano confesó, en una entrevista publicada en el diario El Mundo el 9 de octubre del 2010, que fue él quien diseñó las acciones de aquella jornada que se saldaron con la quema de la bandera cuatribarrada que ondeaba en el Ayuntamiento de València (la bandera española, situada al lado de la senyera, también se quemó para espanto de los ultras que no habían previsto aquella posibilidad). “Yo lo ideé pero lo dejé en manos del GAV”, afirma Orellano, quien avisó con antelación al gobernador militar de la provincia de València, Luis Caruana, y a un responsable de la Policía de los incidentes que, previsiblemente, se iban a desencadenar. Los responsables del orden público, herederos directos del franquismo, no movieron un dedo y los representantes de la izquierda, elegidos por mayoría en las urnas, fueron agredidos con total impunidad.

María Dolores García Broch, militante en aquella época del GAV y más tarde fundadora de Unió Valenciana, reconoce abiertamente en el documental Del roig al blau que la UCD instrumentalizó al grupúsculo ultra. “Sabíamos que la UCD nos estaba utilizando”, afirma. El archivo de Attard contiene otros documentos que confirman la íntima ligazón entre el partido de Adolfo Suárez y los ultras del GAV. Los testimonios de antiguos dirigentes de la UCD, entrevistados en el documental, inciden en el volantazo de Attard y de la UCD para captar el voto cautivo del regionalismo anticatalanista.

Amador Iranzo, profesor de la Universitat Jaume I de Castelló y autor de una tesis doctoral sobre el papel de la prensa en la Transición valenciana, localizó en el archivo de Attard, compuesto por 124 cajas, un informe confidencial dirigido a los “órganos nacionales superiores del partido” en el que justifica un acuerdo escrito entre la UCD y el GAV por los “más de 80.000 firmantes” que reunía el grupo ultra (se trata del manifiesto al que alude el acta notarial). “De la mano de Attard, el discurso anticatalanista sustentado en los símbolos de identidad se sitúa en el centro de la estrategia de la UCD en la provincia de Valencia”, escribe Iranzo.

La estrategia de la tensión funcionó al dedillo y la mayoría de izquierdas —que apostaba por la bandera cuatribarrada con el escudo del Consell, por la denominación de País Valenciano y por un Estatut d'Autonomia de primer nivel— acabó tragando con una estéril denominación (Comunidad Valenciana) inventada por el propio Attard, la bandera coronada con la franja azul y un Estatut de segunda división. De aquellos polvos, estos lodos.