Tras 24 años de poder de la exalcaldesa, Rita Barberá, romper con la herencia dejada y marcar distancias con su legado no es nada fácil. Se cumplen ya cinco meses desde que el alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) se alzó con la vara de mando tras el pacto de 'La Nau', rubricado por PSPV-PSOE, València en Comú y Compromís. Los primeros meses de mandato se han caracterizado por intentar hacer olvidar la etapa anterior. E imponer una capa de barniz con gestos a falta de que se materialicen los proyectos de envergadura que se quieren impulsar durante estos cuatro años.
Las primeras acciones -algunas de alcance- para emprender el giro social pregonado, la apertura del Ayuntamiento de Valencia, la implementación de mecanismos de participación ciudadana, la reversión del Plan de Cabanyal o el vuelco tributario son los pasos más destacados que se han dado. Aunque no los únicos. Sin embargo, aún quedan mucho que cumplir. Y varios retos pendientes en apartados que se antojan prioritarios como la transparencia, el empleo o la puesta en marcha de una auditoría ciudadana.
Barniz social y vuelco económico
“Giro social”, “giro social”. Es la cantinela que promueve el tripartito municipal en la mayoría de sus intervenciones. Y el aspecto que más han resaltado de sus primeros presupuestos. La medida de más impacto que ha aprobado el ejecutivo de Ribó ha sido la creación de un bono social para parados y familias con pocos recursos para poder ir en transporte público prácticamente gratis.
Una iniciativa novedosa que se suma a las reuniones mantenidas con las entidades financieras para lograr que Valencia se convierta en una ciudad libre de desahucios y a la apertura de los comedores escolares durante el verano. También se ha pedido a la policía local que no participe en lanzamientos hipotecarios y se ha suprimido la brigada de desahucios que había en el cuerpo local.
En el próximo presupuesto, si que se atisban más medidas para paliar la situación de emergencia social que padece la ciudad. La construcción de viviendas de tipo social y un mayor gasto en educación prevalecen sobre otras cuestiones. Además, y pese a sus dificultades y que aún costará ponerse en marcha, el equipo de gobierno municipal quiere contratar el suministro de luz acudiendo al mercado mayorista. Así, plantean que el sobrante de electricidad de las dependencias municipales se destine de forma directa a proveer luz a aquellas familias que no puedan gozar de ese servicio. En educación, el plan de impulsar las guarderías públicas municipales de 0 a 3 años que tanto se prometió en campaña, de momento, será substituido por el programa piloto puesto en marcha por la Generalitat Valenciana.
Unos gestos sociales que precisan de una estrategia económica que los pueda hacer viables. A falta de aplicar medidas de calado en empleo y de impulso de la actividad económica como se recoge en el acuerdo de gobierno, el ejecutivo local ha emprendido una auténtica revolución fiscal. Los que más pagarán en este vuelco tributario serán los grandes comercios que ocupen lugares con un alto valor catastral. También los coches de alta gama, los cajeros, los edificios singulares, los hoteles y las instalaciones deportivas.
Los beneficiados serán todos aquellos que fomenten las energías verdes. Quien utilice energía solar tendrá un 50% de rebaja en el IBI y quien disfrute de un coche ecológico gozará de una bonificación del 75% en dicho impuesto. Actividades como la rehabilitación de viviendas, la creación de obras cinematográficas, la venda en los mercados o negocios en el barrio degradado de El Cabanyal disfrutarán de incentivos fiscales. En la lucha por conseguir más ingresos, Ribó ha pedido a la Agencia Tributaria que ceda las competencias del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) ¿La razón? Con una plantilla propia, aflorarían más fraudes, defiende.
En su cambio de rumbo económico, el gobierno ha dejado claro su apuesta por un modelo comercial próximo, alejado del representado por las grandes superficies. Promocionado por Barberá, en 2013 se aprobó la implantación de cinco Zonas de Gran Afluencia Turística, donde no hay restricciones de apertura de los comercios. Ahora, se quiere limitar a una sola zona: la situada en el centro de la ciudad, cerca del entorno de la Lonja. La ley que entraría en vigor en 2016, está encallada por el cruce de declaraciones que se produjo entre el PSPV-PSOE y Compromís. Las grandes superficies anunciaron un aluvión de recursos si se producía la reversión.
Pese a que “no es una obsesión remunicipalizar”, si que se apostó por devolver a manos públicos el servicio de la ORA -estacionamiento de pago- y la grúa. Una querencia que se ha enfriado por las cuantiosas indemnizaciones que se tendrían que abonar.
Una Valencia más verde y metropolitana
Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que amenazaba la poca huerta existente- enterrado por la presión del movimiento vecinal, el ejecutivo local diseña otra ciudad alejada de los tiempos de la orgía del ladrillo. Uno de los símbolos de esa Valencia presa de la furia urbanizadora es la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL) y La Punta. Ribó quiere teñir de verde el cemento, pero se ha encontrado con un problema realmente embarazoso. En los presupuestos, no obstante, se ha destinado una partida para fomentar la agricultura. Una de las grandes medidas que se ha adoptado en este sentido es la creación de huertos urbanos a imagen del modelo aplicado en el barrio de Benimaclet.
La huerta, además, forma parte de la Valencia de un millón y medio de habitantes que promueve Ribó con la complicidad de los alcaldes del área metropolitana. La primera pieza de ese puzzle metropolitano con el que se pretende mancomunar los servicios esenciales es el transporte. El Ayuntamiento en colaboración con la conselleria y los alcaldes del área metropolitana impulsarán la próxima semana los primeros pasos para crear una agencia de movilidad que englobe a Valencia y su radio de influencia.
En movilidad, una de las acciones más importantes ha sido la limitación de la velocidad del tránsito en el centro de la ciudad a 30 kilómetros. La medida concuerda con la filosofía preconizada que delante del ir en coche está el ir a pie, la bicicleta y el transporte público -por ese orden-. La puesta en marcha de los trámites para crear un anillo ciclista que rodea la ciudad y para peatonalizar espacios como la plaza La Reina también van en esa dirección. Lo segundo ha despertado la crítica de la oposición porque, según ellos, puede provocar un posible “colapso del tráfico”.
Acabar con el “ordeno y mando”
En lo que más ha avanzando el tripartito municipal ha sido en romper con “el ordeno y mando” que caracterizaba la forma de gobernar de Barberá. De hecho, se ha modificado aspectos de las Juntas Municipales de Distrito para hacerlas más abiertas, aunque se trabaja en la revisión del reglamento de forma consensuada con entidades civiles y sociales para lograr aún mayor participación. Se ha abierto el Ayuntamiento de Valencia al público y parte de las inversiones a los barrios serán votadas por los vecinos. Y el alcalde, se reúne cada jueves con los colectivos o personas que lo soliciten.
En una propuesta alternativa a la moción de Ciudadanos que buscaba que en cada pleno un colectivo pudiera exponer sus preocupaciones, el gobierno local presentó otra en la que se quería que los vecinos pudieran tomar la palabra en las sesiones plenarias. La medida fue aprobada por unanimidad en el pasado pleno. El alcalde, además, se ha rebajado el sueldo y ha publicado todos sus regalos en el espacio web del consistorio.
Sin embargo, la creación de un portal de transparencia interactivo aún está en fase de discusión, en un proceso que avanza con lentitud. Unos tiempos que han supuesto al tripartito las primeras críticas provenientes del PP. Lo mismo ocurre con la realización de la pretendida auditoría ciudadana que ya se ha puesto en marcha en otras alcaldías denominadas “del cambio”. Aunque la que pretende iniciar el tripartito será doble. Aparte de la revisión contable que se realiza todos los años, se hará la citada auditoría basada en una evaluación de los resultados, rindiendo cuentas delante de la ciudadanía sobre ellos. La creación de una agencia contra la corrupción y de un observatorio de contratos aún están pendientes.
Aplicar criterios laicos a actos como la procesión cívica del 9 de Octubre y terminar con ciertos privilegios de la iglesia -cesión de solares, por ejemplo- han sido los gestos más mediáticos que ha tomado el gobierno municipal. También lo ha sido la reversión del plan de prolongación de la avenida Blasco Ibañez que partía en dos el barrio de El Cabanyal. Para frenar la degradación del barrio marítimo, se rehabilitarán cerca de 300 casas en colaboración con los vecinos. La reapertura del Teatre Musical, situado en dicho distrito, es otra acción destinada a revitalizar el barrio.
Gestos de cambio que han significado una ruptura con el legado que dejó a modo de herencia envenenada en varios puntos -también habían algunos, aunque pocos, positivos- y que acompañados de otras acciones han supuesto un arranque con visos de cumplir el acuerdo de gobierno firmado por los tres partidos que lo integran. Pese a ello, aún quedan muchas cosas firmadas por hacer. Tienen cuatro años para intentarlas llevarlas a cabo. De momento, han puestos los mimbres para hacerlo.