El Ministerio del Interior busca una solución al caso de una policía valenciana a la que se le ordenó el aplazamiento forzoso de sus prácticas al quedar embarazada y coger la baja y que ha denunciado haberse quedado sin prestación por maternidad, asistencia médica de la mutua ni ayuda de desempleo.
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha admitido que en este caso, publicado este martes por eldiario.es, se ha originado un vacío legal que habrá que estudiar.
A preguntas de los periodistas antes de la creación de un grupo de trabajo para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, Fulgencio ha manifestado que Interior tratará de buscar una solución, según le han trasladado desde ese Ministerio, pero ha advertido de que es difícil de conjugar jurídicamente.
Según el delegado, en los cursos de formación para adquirir la condición de funcionario de carrera de los cuerpos policiales tanto estatales como autonómicos y locales, la realización completa bajo determinadas condiciones con un cumplimiento determinado de horas en las academias policiales es preceptivo, ya que de lo contrario no se adquiere esa condición.
Partiendo de ese hecho y con el caso de la policía valenciana, se ha originado un vacío legal que habrá que estudiar, ha asegurado.
El Ministerio será “sensible” con la situación de la policía pero, ha advertido, “no es fácil de conjugar jurídicamente” porque un alumno en prácticas, si no completa el número de horas de prácticas o de formación, no adquiere la condición de funcionario.
Por tanto, “no tiene la cobertura” y “de alguna manera se sale del sistema” si no completa esa formación, según Fulgencio.
“Es cierto que esto habrá que corregirlo y buscar alguna fórmula pero también es cierto que las reglas del juego en este momento son estas”, ha reiterado.
El delegado del Gobierno ha señalado que durante el mandato de Pedro Sánchez “no ha dado tiempo a modificar” esta normativa, pero en cualquier caso es “un tema que se va a estudiar”.