El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay dudas legales con respecto a su vigencia.
Este informe que ya se ha remitido al organismo portuario es preceptivo y vinculante, por lo que la tramitación administrativa del proyecto no podía avanzar hasta que no estuviera finalizado. De esta forma, la intención de la APV es aprobar definitivamente el proyecto constructivo de los muelles en el próximo consejo de administración del 16 de diciembre, para remitirlo posteriormente al Gobierno para su aprobación en el Consejo de Ministros.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que “a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental”.
Y, tras ello, “se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones”. Sin embargo, no se detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el documento: “Los técnicos de la APV están analizando dicho informe”, explicaron.
Por su parte, fuentes ministeriales comentaron que con fecha 2 de diciembre de 2021 tuvo entrada en la Demarcación de Costas en Valencia oficio de la APV, solicitando informe de compatibilidad con la estrategia marina levantino-balear en relación con las actuaciones incluidas en el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia.
“Es un expediente muy complejo, que afecta a las tres subdirecciones” y que ha requerido de diversas reuniones con la APV “para aclarar algunas dudas”. Sin embargo, tampoco aclararon las mencionadas dudas ni los condicionantes incluidos en el informe.
El informe de compatibilidad con estrategias marinas se regula en la Ley 41/2019, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, y en el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.
De acuerdo con esta normativa, la autorización de cualquier actividad que requiera, bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos, deberá contar con el informe favorable del Ministerio de Transición Ecológica respecto de la compatibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente.
La finalidad de los informes de compatibilidad es garantizar que estas actividades no ponen en riesgo los objetivos ambientales de las estrategias marinas.
Según la mencionada legislación, el informe puede ser favorable, favorable con condiciones o directamente desfavorable si las actuaciones vulneran los objetivos medioambientales de la estrategia marina correspondiente. El tiempo transcurrido para la elaboración del informe, casi un año cuando lo normal es un mes, y el que se haya aprobado con condiciones, denota que existen dudas sobre el proyecto en el departamento de Ribera.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.