La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía nacional ha empezado el análisis de la información existente en los dispositivos electrónicos que se incautó en la operación Alquería, en la que fue detenido y puesto en libertad con medidas cautelares el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y otras cinco personas. Los investigadores han tardado casi tres meses en desprecintar el material requisado, pero llevan varias semanas -desde el 11 de septiembre- analizando mensajería instantánea (whatsapps) y registros de llamadas de los ahora imputados para realizar.
De este material y estas pesquisas debe salir el informe de la UDEF que, presumiblemente, sirva para levantar el secreto de sumario una vez lo lean el juez y el fiscal. Según ha podido saber eldiario.es de fuentes conocedoras de la operación, los investigadores están sorprendidos por una llamada realizada por el jefe de jurídico de Divalterra a Jorge Rodríguez a penas se inició el registro policial la mañana del pasado 27 de junio.
Los investigadores cotejan todas las llamadas de los dispositivos móviles de los seis detenidos y se sorprenden de la llamada de Vera la mañana del 27 de junio, poco después de las 8 horas y mientras los agentes registraban su domicilio. Máxime, cuando en todo el registro telefónico no aparece, apuntan fuentes de la investigación, ni una sola llamada de Vera al presidente de la Diputación de Valencia en su historial de los seis meses anteriores.
Y es que Vera ha sido una persona clave en los últimos tres años en la gestión de Divalterra. Ha sido el asesor jurídico de los tres gerentes -José Ramón Tíller, Víctor Sahuquillo y Xavi Simó, todos dimitidos- y quien ha llevado la relación más cercana con los instructores del caso Taula, que investiga el saqueo de la empresa Imelsa, posteriormente bautizada como Divalterra. De hecho, fue Vera quien impulsó la realización de la auditoría forense de la antigua Imelsa -con importantes irregularidades en su contratación- que posteriormente se entregó al fiscal y al juez del caso Taula.
La llamada a las 8 horas del día 27 de junio ha abierto sospechas sobre la información que en Divalterra se pudiera manejar de la operación jurídico-policial Alquería, que hizo caer al presidente de la Diputación de Valencia y que todavía sigue secreto de sumario.
El denunciante de las contrataciones irregulares tiene una más que estrecha relación con José Luis Vera y la tuvo en su momento con Marcos Benavent, el “yonki del dinero”. Una relación que no se entiende en el PSPV, partido que ha nombrado a Vera en Divalterra, porque consideran al denunciante como “un topo de los corruptos”. Y es que el denuciante entró en Imelsa sin concurso y de la mano de Benavent, con subidones de sueldo incluidos y sin justificar.
También sorprende en el PSPV que en todo el proceso la contratación de los siete altos cargos no tuviera ningún informe negativo por parte se los servicios jurídicos de Divalterra, cuando hasta tres informes externos -no una docena como se dijo- alertaron de las irregularidades que han costado el puesto al ya expresidente de la Diputación.
La UDEF ya trabaja en su informe sobre los registros del día 27 de junio en domicilios particulares, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent.