Mónica Oltra alega que no hay “indicios racionales de criminalidad” para que el TSJ-CV la cite a declarar

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, contraataca. La defensa de Oltra ha planteado sus alegaciones contra la posible imputación por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) por la presunta desprotección de la menor abusada por un trabajador social, exmarido de la líder de Compromís. El escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que no existen “indicios racionales de criminalidad” y critica la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a Luis Eduardo R. I. y deslizó valoraciones sobre la actuación del departamento que dirige Mónica Oltra.

Así, las valoraciones sobre la actuación de la conselleria son, a juicio de la defensa de Oltra, “una extralimitación valorativa sobre el objeto del proceso (no se juzgó ninguno de los hechos que valora, ni se escucha a ningún funcionario o alto cargo de la Conselleria sobre esos extremos, no hubo ningún tipo de contradicción), afirmaciones que no se sustentan en ningún hecho concreto”.

La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano considera que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia “pretendió reforzar su argumento de credibilidad de unas periciales frente a otras” (los informes del Instituto Espill, que dudaban del testimonio de la víctima, y los del Instituto de Medicina Legal, que lo avalaban). “Esas valoraciones no constan en la declaración de hechos probados”, agrega el escrito, ni tampoco fueron objeto de aquel procedimiento, “máxime cuando la administración no pudo alegar ni contradecir cuanto se expuso”.

La defensa de Oltra recuerda que un auto de la misma Sala, que desestimó la querella de la activista ultra Cristina Seguí, argumentó que la causa se limitaba a juzgar la comisión de un delito de abuso sexual. “Este juicio de valor no pierde su naturaleza porque se introduzca en una sentencia, pero sí puede tener una repercusión más allá del proceso cuando son utilizadas de forma espuria en el juego político o en la creación de un proceso penal con importantes consecuencias mediáticas, tal y como está ocurriendo en el presente caso”, agrega el escrito. 

La vicepresidenta considera que la denuncia presentada por la menor abusada contenía un “relato sesgado, inveraz y plagado de juicios de valor absolutamente carentes del mínimo sustento fáctico”. La denuncia, abunda el escrito, buscaba una investigación “de marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria”. 

Oltra reprocha a las acusaciones (el abogado de la menor, el líder ultra José Luis Roberto, y la agitadora Cristina Seguí) que pretendan “visibilizar la existencia de un proceso penal y extraer réditos políticos de dicha instrumentalización”. El escrito recuerda “el marcado cariz ideológico y político contrario” a Oltra de Roberto y Seguí. 

La defensa de la vicepresidenta considera que la instrucción del juez Vicente Ríos no apunta a que Oltra ordenara “encubrir ningún hecho o perjudicar a la menor”. Así, tras la declaración de numerosos funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no hay “indicios que justifiquen” que la Sala de lo Civil y penal del TSJ-CV cite a declarar a Oltra en calidad de investigada.