“Cerramos definitivamente las políticas de recortes y la mercantilización de los servicios y damos inicio a un cambio de modelo, a una transición amable hacia una sociedad inclusiva”. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha resumido así este miércoles la apuesta del Gobierno del Botànico por la inversión social en el proyecto de Presupuestos para 2017.
Oltra ha abierto la serie de comparecencias en las Corts Valencianes de los titulares de las diversas carteras del Consell que preside Ximo Puig para explicar las cuentas de sus departamentos. Con una previsión de gasto de poco más de 1.000 millones de euros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta, experimenta un aumento del 7,1% respecto de 2016, cifra que sumada al 17% del presupuesto anterior acumula un 24,1% de aumento en los dos primeros ejercicios del nuevo equipo de izquierdas en la Generalitat.
Las referencias al “antiguo gobierno” del PP han sido constantes en la intervención de Oltra, que ha destacado que la inversión en políticas sociales alcanza en 2017 los 210 euros por habitante, lo que permite que la valenciana se acerque “a comunidades como Madrid o Andalucía, que están mucho mejor tratadas por el actual sistema de financiación que castiga al pueblo valenciano”. Madrid está en los 221 euros por habitante y Andalucía en los 216.
“Una fuerte apuesta por la municipalización de los servicios sociales”, con un aumento del 101% de los fondos destinados a entidades locales, justo en sentido contrario a lo que marca la denominada “ley Montoro”; la reconversión del actual Institut Valencià d'Atenció Social (IVAS) en un Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària (IVASS) y la reordenación del sector de residencias para que dejen de ser un “botín de guerra de ciertas empresas” gracias al “modelo Blasco-Cotino cuya aplicación ha declarado ilegal el TSJ” son, según Oltra, algunos de los ejes de la política plasmada en los presupuestos de su departamento.
El incremento de un 4,5% en la dotación de la renta garantizada de ciudadanía, que el Consell quiere reformar para convertirla en una renta que agrupe diversas ayudas sociales bajo un mismo paraguas; el reforzamiento de inspectores para evaluar la dependencia, que pasarán de 9 a 19 -un punto en el que Oltra ha indicado que por primera vez se cumplirá la ratio que establece la ley y al mismo tiempo ha asumido como un “error” su afirmación hace un año de que serían 27 las plazas-, y el aumento de las ayudas a víctimas de violencia machista, que pasan de 500.000 a 600.000 euros, son algunos de los aspectos resaltados por la vicepresidenta.
Oltra ha insistido en la puesta en marcha de un “nuevo modelo constitucional de Estado social”, que dé prioridad a los derechos de las personas. Por ello, ha destacado que las partidas destinadas a renta garantizada de ciudadanía, dependencia, ayudas a víctimas de violencia de género y ayudas al acogimiento familiar disponen de “crédito ampliable”, es decir que no están sujetas a disponilbilidad presupuestaria, para evitar que no puedan ejecutarse si se agotan los fondos previstos. “Primero el derecho, después el presupuesto”, ha sentenciado la vicepresidenta de la Generalitat.