Mónica Oltra, ex vicepresidenta del Ejecutivo valenciano y líder de Compromís, reaparece este lunes tras el anuncio de su dimisión el pasado 21 de junio. Oltra está citada a declarar, como investigada y acompañada por sus abogados Daniel Sala y Miguel Ferrer, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el magistrado Vicente Ríos, responsable de la investigación sobre la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tras la denuncia de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana por los abusos del exmarido de la dirigente de Compromís entre 2016 y 2017.
Antes de que Oltra dejara de ser aforada, el juez instructor aseguraba en su exposición de motivos para imputarla ante el TSJ-CV que la entonces titular de la conselleria no tuvo la “voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos”. En la sala también estarán presentes los letrados de las acusaciones, ejercidas por el ultraderechista José Luis Roberto y por la agitadora Cristina Seguí, además del Ministerio Fiscal, aunque Oltra tiene derecho, en su condición de investigada, a negarse a contestar sus preguntas.
Las acusaciones llegan a la sala de vistas después de que la menor abusada por el exmarido de Oltra, según una sentencia pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo, haya acusado a José Luis Roberto y a Cristina Seguí de haberla dejado “tirada” tras la dimisión de la líder de Compromís.
El juez instructor ya deslizó en una resolución las que serán las líneas maestras del interrogatorio: indagar en la cronología del caso y conocer la actuación de la ex vicepresidenta a partir del momento en que tuvo conocimiento de que su exmarido, trabajador social de un centro de menores, estaba siendo investigado por abusos.
El magistrado Vicente Ríos adelantaba una serie de preguntas a “nivel meramente retórico” en un momento procesal en el que Oltra aún no había declarado como imputada y que revelan su planteamiento ante la declaración. “¿Por qué se trata desde un primer momento de restar credibilidad a la niña?” o “¿Por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor?” son algunas de las cuestiones que planteaba.
Además, el instructor también quiere conocer en qué fecha se enteró Oltra de que la Fiscalía de Menores investigaba los abusos de Luis R. I. a una menor tutelada y cuál era la relación que mantenían en aquel momento. La ex vicepresidenta defiende que estaban en proceso de separación y que tuvo conocimiento de los hechos el 4 de agosto del 2017, el día en que fue notificado a su domicilio el auto por el que se imponían medidas cautelares al trabajador social (la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros del lugar donde se encontrase la menor por un periodo de seis meses).
Oltra afirmó que buscaba “la máxima diligencia y mayor protección de la joven”
Vicente Ríos también incide en uno de los considerados puntos débiles de la defensa de Oltra: sus declaraciones en sede parlamentaria, luego matizadas, sobre la actuación de su departamento tras la denuncia de la menor tutelada. “Inmediatamente que conocí la existencia de un procedimiento judicial de manera fortuita y alejada de mi responsabilidad política me puse en contacto con mi jefe de gabinete”, dijo en una comparecencia en el Parlamento valenciano el 21 de abril del 2021. La dirigente de Compromís aseguró que pretendía recabar información para “exigir la máxima pulcritud y diligencia y la mayor protección de la joven”.
Miquel Real, entonces jefe de gabinete, informó al subsecretario de la vicepresidencia — Francesc Gamero, actual secretario autonómico de la Conselleria de Hacienda— de la situación el 7 de agosto y, al día siguiente, la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero (investigada en la causa), ordenó la apertura de un expediente informativo. Aunque en sus alegaciones ante el TSJ-CV Oltra matizó sus palabras, en una rueda de prensa había afirmado: “El expediente lo encargué yo”.
El juez ha interrogado a 13 funcionarios de la conselleria y trabajadores del centro. Tras la dimisión de Oltra y la pérdida de su aforamiento, el instructor seguirá indagando en la actuación de la pirámide jerárquica de la conselleria para determinar el origen del informe interno que rechazaba la versión de la menor tutelada. Y lo hará de arriba hacia abajo. La actuación de los subordinados de Oltra a partir del encargo de un informe interno será otra de las claves para la instrucción de la causa.
El juez destacaba una fecha: el 8 de agosto del 2017 (es decir, cuatro días después de que Oltra se enterara de la situación de su cónyuge, según su versión) la subdirectora Gema Plaza, en un escrito dirigido a la subdirectora territorial, solicitaba la apertura de un expediente informativo “a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos”.
El documento, titulado “información reservada”, tenía la intención de “determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente”, según abunda el instructor, que lo tilda de “expediente disciplinario” por lo que considera “dureza respecto a la menor”.