“Quienes tengan derecho a prestaciones las cobrarán”, ha anunciado Mònica Oltra en relación con la nueva fórmula que ha implantado al elaborar los presupuestos de su departamento: el “crédito ampliable”. Según la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha abierto este miércoles las comparecencias de los diferentes miembros del Consell para explicar en la Comisión de Economía de las Corts Valencianes los Presupuestos de 2016, se trata de garantizar los “derechos objetivos”, de forma que, aun cuando se acabara el dinero previsto en las Cuentas autonómicas, la consignación se aumentaría para que las personas puedan acceder efectivamente a la prestación que les corresponda.
Oltra ha sido muy crítica con el panorama que se ha encontrado como consecuencia de la gestión del PP, -en la conselleria no existía una base de datos de municipios para enviar correos electrónicos a los ayuntamientios, ha contado a título de ejemplo- y ha criticado especialmente el “tapón” de 46.000 solicitudes pendientes en materia de dependencia, cuya evaluación ha de pasar por 18 valoradores, una cifra que ha considerado manifiestamente insuficiente. Por eso, tras destacar el aumento de un 17% en el presupuesto destinado a las políticas de igualdad e inclusión social, que alcanzan los 978 millones de euros (144,2 millones más que en el último presupuesto del PP), ha resaltado los incrementos del 35,6% en la renta garantizada de ciudadanía, cuyo montante alcanza los 39,3 millones, y del 57,7% en la dependencia, que alcanza los 252 millones.
Según la vicepresidenta, -que ha recordado en varias ocasiones que rescatar personas es el objetivo central del Acord del Botànic, en el que se basa el actual gobierno de la Generalitat-, con el presupuesto de 2016 se verán beneficiadas 165 personas al ocupar nuevas plazas en centros de asistencia propios de la Generalitat, 537 personas más que podrán usar servicios de transporte en centros ocupacionales, 2.272 personas que verán incrementado su dinero de bolsillo en centros residenciales y tutelados y recuperarán las pagas extraordinarias, 3.317 personas que dejarán de abonar “el copago confiscatorio” en centros de día, 15.000 personas que se incorporarán a la renta garantizada de ciudadanía y 22.000 que lo harán cada año al sistema de autonomía personal y ayuda a la dependencia.
Precisamente el copago es el argumento que el PP ha escogido para criticar a Oltra. La diputada María Jose Català la ha acusado de incoherencia por defender que en los presupuestos de 2016 figuren 1.300 millones sin consignación, cuando se opuso a que el último Consell de Alberto Fabra hiciera algo similar e incluso recurrió ante el TSJ por ello. “Es el primer fraude del nuevo gobierno del Botànico”, ha proclamado Català, que ha calificado a Oltra de “vicepresidenta honorífica” porque no se ha encargado de defender las cuentas de Presidencia de la Generalitat, cometido que queda en manos del conseller de Hacienda, Vicent Soler. El también popular José Juan Zaplana ha acusado a Oltra, de quien ha dicho que “se ha hecho con el control” del Consell, de hacer “marketing político” y de utilizar un “diccionario oltraniano” para cambiar de nombre las cosas y llamar “aportación suplementaria” a lo que antes denominaba copago.
La vicepresidenta ha invitado a los dos diputados a ponerse de acuerdo. “No puedo ser honorífica y la que manda al mismo tiempo”, ha replicado. Y ha arremetido contra el PP. “¿Cómo se atreven, cuando son los responsables, los que han destrozado los servicios sociales?”, les ha preguntado, para recordar que miles de dependientes esperan el reconocimiento de sus ayudas o prestaciones y otros miles han muerto sin verlas reconocidas.
El resto de grupos parlamentarios han sido mucho más amables en sus intervenciones. Si Cristina Cabedo, de Podemos, grupo que apoya parlamentariamente al Consell, ha recordado el Acord del Botànic y su compromiso de rescate ciudadano, Mònica Àlvaro, de Compromís, ha destacado como “dos pilares básicos” de la nueva política la renta garantizada de ciudadanía y la extensión de las ayudas a la dependencia. Y Concha Andrés, del PSPV-PSOE, ha calificado de “cifra récord” el presupuesto que se destinará en 2016 a los dependientes.
Por su parte, Alberto García, de Ciudadanos, el otro grupo de oposición junto al PP, se ha mostrado de acuerdo en “situar a las personas en el eje central”, pero ha reclamado más agilidad en la tramitación de las ayudas y prestaciones. Oltra le ha respondido que la “municipalización” o cambio en el sistema de acceso a las prestaciones para que la evaluación vaya a cargo de los servicios sociales básicos, simplificará la tramitación, pero le ha hecho ver la incoherencia de pedir agilidad y reclamar, como hace Ciudadanos, que se recorte la Administración. “Precisamente, nos hacen falta más funcionarios”, ha señalado la vicepresidenta.