Una escuela infantil de Paterna (Valencia) que debía aplicar tecnologías avanzadas y que inauguró la infanta Elena en noviembre de 2013, pero que no llegó a funcionar ni un curso completo, es la joya de la corona de un lote de activos fallidos que la Sociedad de Garantía Recíproca (Afín-SGR) tiene intención de vender a un fondo de inversión pero que, previamente, la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quiere inspeccionar para su posible incorporación a los servicios sociales.
Se trata de la denominada escuela Tic-Tac, ubicada en el Parque Tecnológico de Paterna y promovida en su día por la Fundación para la Innovación en la Infancia de la Comunidad Valenciana (FIICV), que crearon el Ayuntamiento de Paterna y la Generalitat, entonces gobernados por el PP, con la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico), presidida entonces por Ramon Congost. Su construcción costó 6,5 millones de euros financiados por el Instituto Valenciano de Finanzas, el denominado “banco de la Generalitat Valenciana”.
La instalación fue presentada como un centro de investigación de nuevos métodos educativos y fue bautizada como “superguardería”. La matrícula era de 300 euros mensuales y no superó el 30% de su capacidad. Sin llegar a terminar su primer curso, tuvo que cerrar, con lo que se convirtió en otro de los grandes proyectos de la era del PP naufragados con estrépito. Su impulsor, Ramón Congost, acabó imputado en una causa judicial por irregularidades en la gestión de Aidico, de cuya presidencia dimitió en el verano de 2014.
El departamento de Oltra baraja la posibilidad de que la “superguardería” fallida se convierta en un centro de atención temprada (CAT) o un centro de día para personas con diversidad funcional, aunque debe “revisar primero el estado de las instalaciones y si se adaptan a las necesidades”.
Una clínica psiquiátrica y otros 13 inmuebles
Además de la fracasada escuela Tic-Tac, la conselleria que dirige la vicepresidenta valenciana revisará lo que fue una clínica psiquiátrica y un total de otros 13 inmuebles ubicados en las provincias de Valencia y Alicante.
Los usos de los inmuebles, señalan desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, pueden ser variados. La Generalitat tiene déficit de pisos tutelados para personas con diversidad funcional y de pisos de emancipación para jóvenes que salen de los centros de menores una vez cumplida su mayoría de edad.
Freno a la venta a fondos de inversión
La venta de un lote similar en octubre de 2018 suscitó polémica y un enfrentamiento de Oltra con el actual director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, que impulsó entonces la venta por 28 millones de euros de activos inicialmente tasados en 36 millones. La Generalitat es accionista mayoritaria de la Sociedad de Garantía Recíproca desde que la rescató de la quiebra, situación por la que no se han depurado responsabilidades ni de empresarios implicados ni de los anteriores gestores, con un coste para las arcas públicas de unos 200 millones de euros.
Tras aquel conflicto, Illueca se comprometió con Oltra a consultar sobre los inmuebles en poder de la SGR antes de venderlos, por si pudieran ser aprovechados para usos sociales o por la propia Administración valenciana.