Unas tacitas blancas con ribetes azules y dorados presidían la mesa pulcramente dispuesta en el salón de estar de las monjas. Alrededor, varias religiosas revoloteaban, nerviosas ante la presencia de más de una decena de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión en el edificio, para quienes habían preparado el ágape. El orden y la luz plácida que entraba en la estancia contrastaba con las caras de profundo desconcierto de las monjas. Parecía que no alcanzaban a entender el porqué de tanto revuelo.
La escena tuvo lugar el pasado 25 de mayo en el centro de menores La Resurrección de Segorbe. Las instalaciones se han hecho famosas después de conocerse que uno de sus educadores ejerció un presunto acoso sexual sobre una adolescente interna. La orden religiosa gestora, las Terciarias Capuchinas, despidió al trabajador. Pero no informó a la Generalitat Valenciana, que hubo de enterarse por las sospechas de una profesora ajena al centro. Ahora el caso está en manos de un juzgado, después de que la Fiscalía se hiciera cargo de la investigación y apreciara indicios de delito.
Duchas de agua fría, comida caducada
La situación, sumada a otras irregularidades detectadas en La Resurrección por la Inspección de la Generalitat -duchas frías a los menores en invierno para tranquilizarlos y comida caducada recogida de un supermercado-, llevó a la administración autonómica a trasladar a los menores el 9 de mayo. Desde entonces, las monjas han emprendido una ofensiva para recuperar a los niños. Visitas al Síndic de Greuges, amenazas con acciones legales y acusaciones al gobierno autonómico por parte de su abogado de haberlas convertido en un “chivo expiatorio” por motivos ideológicos.
Lo último fue la rueda de prensa del 25 de mayo, que las religiosas hicieron coincidir con una jornada de puertas abiertas para los vecinos del pueblo que, a su vez, tuvo lugar el mismo día que el mercadillo semanal de Segorbe, situado a dos calles de las instalaciones. Así que los periodistas se cruzaron con nutridos grupos de visitantes, que los educadores guiaban por los pasillos y las habitaciones vacías de los niños mientras se lamentaban por el trato recibido de la Generalitat.
Despido y silencio
“No tenemos nada que ocultar” fue la frase más repetida por las religiosas. Su transparencia y su apertura a la prensa, ágape incluido, era la muestra de que su desconcierto es auténtico. Están convencidas de que no hicieron nada que justifique que la Conselleria se haya llevado a los niños.
Pero, ¿sería razonable que los responsables de un internado no informaran a los padres de una joven víctima de un supuesto acoso sexual en un episodio semejante? ¿Por qué, entonces, consideraron las religiosas que no debían hacer lo propio con quien tiene la guarda y custodia de sus menores residentes, que es la Generalitat Valenciana? La respuesta es doble.
En primer lugar, los hechos apuntan a que hubo una falta de control por parte de la administración. Durante varios años, la encargada de inspeccionar cada seis meses el funcionamiento de La Resurrección, entre otros muchos centros de menores, fue Regina del Peral, a la sazón miembro de la orden de las Terciarias Capuchinas.
La propia Regina del Peral fue la encargada de pilotar la rueda de prensa del 25 de mayo en las instalaciones de Segorbe. Preguntada por su doble condición de vigilante y vigilada, quitó hierro al asunto. Realizaba las visitas acompañada de “un técnico, que es quien llevaba ese tema (...)”. “Pero yo no aprobaba ni desaprobaba. El técnico daba razón de lo que observaba”, se justificó.
Trabajadores cercanos al PP
Que la supervisora de su actividad fuera una compañera de congregación pudo ser un factor de tranquilidad para las gestoras de La Resurrección. También el hecho de que ocho de sus trabajadores, según fuentes del sector consultadas por eldiario.es, tenían vinculación directa o indirecta con el PP, partido que ha gobernado durante muchos años en Segorbe, Castellón -vía la Diputación- y en la Comunidad Valenciana.
La política de personal de la orden en sus instalaciones fue, además, criticada en informes de la Conselleria de Políticas Inclusivas. Los documentos hablan de personas que hacían tareas para las que no estaban tituladas o de que “pese a haber sido solicitados, no han sido remitidos, a fecha de hoy, los certificados negativos de antecedentes de delitos de naturaleza sexual de ningún” miembro del personal.
El presunto acosador fue uno de estos trabajadores cercanos al poder. Según denunció la vicepresidenta Mónica Oltra en la comperecencia ante Les Corts Valencianes en la que destapó el supuesto delito, el hombre fue concejal y “compañero de corporación” del actual líder provincial del PP, Miguel Barrachina, oriundo de Segorbe.
Las religiosas reconocieron que en el año 2010 este mismo educador fue denunciado por la madre de uno de los niños por supuestos malos tratos, aunque ellas aseguran que la investigación de la Conselleria le dio la razón a él.
Un mismo rasero para la menor desamparada y el adulto educador
La segunda razón por la que las religiosas no informaron a la Generalitat del supuesto acoso sexual es que no consideraron que lo sucedido fuera tan importante como para hacerlo. Tampoco que pudiera ser un delito. Según la directora, Concha García, hubo una investigación interna que consistió en “conversaciones”, “indagaciones” y “entrevistas”. La conclusión es que no había habido nada con “relevancia penal”.
Sin embargo, a lo largo de la rueda de prensa tanto ella como Del Peral reconocieron que habían visto los mensajes que el educador había enviado a la joven para quedar fuera del centro y para regalarle una camiseta que ella se negaba a probarse. Del Peral también asintió a la pregunta de si fueron conocedoras de que él recordaba a la menor que era abogado.
Además, el día de la rueda de prensa las religiosas ya habían podido escuchar los extractos del expediente de la Generalitat que el día antes había hecho públicos Mónica Oltra. El educador dijo a la menor “Si no consientes, vas a chupar pollas toda la vida”, según el informe leído por Oltra.
También la trataba como su novia delante de sus amigos, le tocaba el culo e intentaba besarla. Después de su despido, siguió pasando con el coche por los alrededores del centro. Y la insistencia del educador en que su profesión era la de letrado iba seguida de advertencias de que “si contaba algo la iba a amargar en el centro de acogida”.
A pesar de todo esto, la directora del centro, Concha García, afirmó en su comparecencia ante los medios que “realmente no ocurrió nada. Es decir, se contrastó la información y se vio que no había habido nada”. Regina del Peral redujo lo sucedido a “insinuaciones”. Recientemente lo calificó de “tonteo” en una nota emitida por EFE. También se escudaron en que los hechos habían tenido lugar en las vacaciones de Navidad, cuando la tutela es de los padres de la menor.
“Especial tendencia hacia los hombres”
En el informe relatado por la vicepresidenta en Les Corts, aparecía una frase que puede dar luz sobre el escaso brío denunciante de las hermanas. La pronunció la directora de La Resurrección cuando fue entrevistada por personal de la Conselleria, una vez que la profesora ajena al centro denunció el posible acoso sexual. “Dado que la menor presenta una especial tendencia hacia los hombres y siendo conscientes todos los educadores de ello…”, afirmó.
En la rueda de prensa, preguntada por este extremo, Del Peral esbozó media sonrisa y equiparó la actuación del educador -un adulto con la responsabilidad de cuidar de la joven- con la de la menor -una adolescente cuya infancia ha sido presumiblemente difícil hasta el punto de que la Generalitat asumió su custodia.
“Nuestras adolescentes pues…, son como son. Eso son datos que a veces se observan y se dicen pero creo que no debe justificar nada. Ni la conducta del educador ni la de la menor”, afirmó del Peral, para después añadir que “a la menor siempre le debemos un respeto, sean cuales sean sus características”.
Cierre del centro por “venganza” o “represalias”
Las religiosas mantienen que han actuado correctamente en este caso, y que lucharán por recuperar a los niños. Denunciarán ante la Fiscalía a Mónica Oltra por atentar contra el honor del centro y los trabajadores, y por vulnerar los derechos de los menores aludidos. Pedirán por vía civil y administrativa que los internos vuelvan.
En la rueda de prensa, aseguraron que el traslado de los internos puede deberse a la “represalia” de la madre de un adolescente musulmán, cuyo mal comportamiento había aconsejado “medidas preventivas”. Cinco días después, Del Peral aseguró a EFE que “intuye” que el desalojo es achacable a la “venganza” de un trabajador despedido días antes de que la Generalitat tomara la decisión.
Mientras, el procedimiento judicial por el presunto acoso sexual sigue su curso en un juzgado. Es así gracias a la actuación de una docente ajena al centro, a la que las horas de clase que pasaba con la joven le bastaron para detectar que estaba siendo presuntamente acosada por alguien que tenía el deber de protegerla. El expediente cuenta que la directora se enfadó cuando supo que la profesora había denunciado el caso sin su consentimiento. Porque las gestoras de La Resurrección tienen la conciencia tan tranquila como su sala de estar a la hora del café.