Los municipios afectados por las inundaciones del Pozalet y la Saleta exigen a la Confederación del Júcar soluciones urgentes

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se ha reunido este jueves con los alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, cuyos términos municipales se vieron gravemente dañados por este episodio y que discurren entorno al barranco del Poyo. Entre los asistentes, los primeros ediles del barranco Pozalet-Saleta: Cheste, Loriguilla, Riba-roja de Túria, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs y Aldaia que mantienen el frente común para exigir el desvío de dicha rambla, así como de otros municipios afectados.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo ha informado sobre las actuaciones que ya se están realizando y las que se llevarán a cabo confirmando que se sigue adelante con el impulso de hasta siete proyectos en la cuenca del Poyo, que incluyen el histórico reclamo del desvío del Barranco del Pozalet-Saleta, así como las obras entre Riba-roja y Quart para eliminar la barrera que ciega el barranco de Pozalet por la carretera que da entrada al PLV.

El responsable del organismo que regula las acciones cometidas en las redes hidrológicas del Júcar, también ha confirmado que, en dicha ejecución, se seguirá con la hoja de ruta prevista antes del 29 de octubre y que era la de iniciar la licitación de su desvío en 2025.

Los representantes consistoriales de los ocho municipios mencionados también acudían a la reunión para reclamar información científica sobre qué pasó la tarde-noche del 29 de octubre, que se convirtió en catastrófica para las poblaciones convocada por la CHJ.

Polo ha informado que, en estos momentos, la entidad se encuentra analizando todos los parámetros para obtener las conclusiones de lo que pasó y que provocó efectos devastadores en diversas localidades de la provincia de Valencia.

Los presidentes y presidentas consistoriales del barranco Pozalet-Saleta anuncian que mantendrán el frente común hasta la consecución de las obras anunciadas por la CHJ y que afectan a sus respectivos municipios.

El alcalde de Riba-roja de Túria ha realizado una valoración positiva de la reunión, “la Confederación nos ha transmitido la seguridad de que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica se va a dar una prioridad a las obras que habían quedado atascadas y que están alineados con las diferentes consellerías para que los informes sean favorables y faciliten la ejecución de las obras”. “En Riba-roja nos ha afectado mayoritariamente a la parte industrial y las empresas y algunos vecinos de la zona tienen mucha inseguridad por si vuelve a llover”, ha asegurado.

“Los alcaldes y alcaldesas vamos a estar vigilantes de que estas obras se realicen y que los pasos sean rápidos y solventen que se pueda desaguar aguas abajo y se tomen medidas aguas arriba. Riba-roja cuenta con una importante área logística de más de 6 millones de metros cuadrados, 1.400 naves y alrededor de 20.000 trabajadores”. 

En este sentido, Raga ha exigido ‘soluciones que proporcionen seguridad a las empresas así como a los vecinos de la zona sur del municipio, al igual que a la zona afectada por el desbordamiento del Túria que ha dejado devastado el Parque Natural del Túria y algunas viviendas que lindan con este enclave natural que era transitado por un millón de visitantes al año’. 

El alcalde de Riba-roja mantuvo esta misma semana una reunión sectorial con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé y la Confederación Empresarial Valenciana ante la preocupación de que la falta de soluciones inmediatas puedan provocar la ‘deslocalización’ de algunas empresas que busquen instalarse en otros territorios. 

Raga ha insistido en la necesidad de trasladar “seguridad” a las empresas con una propuesta con un conjunto de medidas transversales ‘que aporten soluciones de ingeniería a posibles episodios de inundaciones en el área industrial“. Además, ha puesto sobre la mesa la problemática de zonas como la Pedanía El Oliveral de la que ha dicho ‘está en pleno barranco y tendremos que buscar soluciones conjuntas con las administraciones para que este hecho no suponga un riesgo para las personas’.