El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia sigue con la investigación abierta por las agresiones de grupos ultras a los asistentes a una manifestación por el valenciano el 9 d'Octubre de 2017 y en la que hay 18 imputados. El juez, a petición de la Fiscalía de delitos de Odio, ha solicitado una diligencia clave que podría agravar los delitos de odio y faltas que se investigan. El magistrado ha ordenado a la brigada de inteligencia de la policía nacional que realice un informe para conocer si los investigados actuaron como un grupo criminal.
El informe se conoce como pericial de inteligencia y pretende indagar en si las personas detenidas e imputadas y el centenar de personas que acudieron a reventar la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre lo hicieron de manera premeditada y concertada, según han explicado fuentes jurídicas. La investigación policial fue solicitada por la fiscal de Delitos de Odio Carmen Andreu a finales del mes de abril de este año. Tendrá que ser la nueva fiscal Susana Girbert la que analice el resultado del informe de la brigada de inteligencia que está en marcha.
La policía nacional indagará sobre este nuevo delito, pertenencia a grupo criminal, analizando si alrededor de los imputados o de los colectivos a los que pertenecen hay grupos de extrema derecha o fascistas organizados. Como ha venido contando eldiario.es, varios de los imputados pertenecen a los ultras Yomus del València CF, con numerosos antecedentes de violencia en el fútbol, pero también vinculada a la ultradercha. Otros de los detenidos, por su parte, forman parte de Defenem Valencia, y otros están vinculados al mundo fallero más reaccionario.
El informe pericial de inteligencia debe indagar también en la convocatoria ilegal de la contramanifestación. La policía debe incluir en el informe cómo se organizó a más de un centenar de personas para que acudieran a la plaza de San Agustín a intentar evitar que arrancara la manifestación convocada y comunicada. Cómo se utilizaron las redes sociales, algunos medios de comunicación -radios falleras- o mensajería instantánea coordinada para esa convocatoria. Porque no es lo mismo a ojos de la justicia una contramanifestación espontánea a una organizada. Y por ahí es donde va la investigación sobre si aquel 9 d'Octubre operó un grupo criminal.
La pertenencia a grupo criminal —a organización es un delito mucho más grave— comporta penas de entre 1 y cinco años de cárcel, según la gravedad de las acciones que se cometan. Además, puede suponer un agravante a otras faltas penales cometidas.
Por su parte, las declaraciones de los 18 imputados están prácticamente finalizadas a falta de que comparezca el último de los citados. La pasada semana declaró ante el juez un miembro de Defenem Valencia, que estuvo asistido por el letrado Juan García Sentandreu. Salvador se reconoció en los vídeos y fotografías que le mostraron. En uno de ellos aceptó ante el magistrado que dijo e escenificó el signo de “te voy a rajar el cuello” a los manifestantes.