El exinterventor de la Diputación de València Ricardo Camarena Gil ha compartido negocios privados con otra interventora de la Generalitat Valenciana, Paula Cosin Vila. Camarena, actualmente destinado en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, ha tenido cargos societarios en hasta una decena de empresas. Ambos aterrizaron en la Intervención con Eduardo Zaplana de presidente autonómico (Camarena fue nombrado en 1999 por el entonces conseller José Luis Olivas y Cosin, tres años más tarde, por el entonces conseller Vicente Rambla).
Ricardo Camarena, tras la caída de Alfonso Rus y su presunta banda corrupta, dimitió de su puesto de interventor en la institución provincial en 2015. Un año después, Camarena y Cosin abrieron el despacho CC&A Legal y Económico SLP, dedicado a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. Ambos eran socios profesionales y administradores mancomunados de la mercantil, que apenas sobrevivió ocho meses entre su creación y su extinción. Los interventores de la Generalitat también coincidieron en CC&A Acceso Eléctrico SL, una microempresa en la que Cosin figuraba como administradora única y Camarena como administrador mancomunado. Ambos salieron de la empresa, de la cual hoy es administrador único el empresario Sergio Rodríguez Luis.
Paula Cosin, actualmente destinada en la Intervención delegada del Tesoro de la Generalitat, también es administradora única y socia de Vola Topi SL, una consultora domiciliada en la misma céntrica avenida de València en la que figuraban CC&A Legal y Económico SLP y CC&A Acceso Eléctrico SL. Cosin, según los datos del Registro Mercantil consultados por este diario, posee el 100% de las acciones de la consultora.
Los interventores delegados, como Camarena que ejerce en el departamento de Igualdad, están destinados en los servicios centrales de las conselleries y ejercen las funciones contables y de control interno sobre las actuaciones de los órganos u organismos que tengan asignados. Además, los interventores también prestan auxilio judicial en casos complejos de corrupción, un papel polémico en algunas ocasiones: Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financiero y Auditoría de la Generalitat, exoneró al expresidente Francisco Camps a pesar de haber sido el auditor delegado cuando se hizo el circuito.
Los informes de los interventores suelen ser claves para la instrucción y el desenlace de las causas judiciales que investigan presuntos casos de corrupción. El exconseller Rafael Blasco, corrupto confeso, se salvó de ser juzgado en el caso de los historiales médicos por un informe clave de la Intervención, un organismo de la Generalitat que no vio nada raro en que el presunto testaferro del expolítico del Partido Popular ingresara 1,2 millones de euros a través de una empresa pantalla.
La Intervención, tal como informó este diario, consideraba que la adjudicación del sistema Abucasis “no encubría un negocio fraudulento” a pesar de que el presunto testaferro conocía los detalles del plan antes de su licitación y usó una empresa pantalla. Fue precisamente “la valoración realizada por el Interventor de la Generalidad designado en funciones de auxilio judicial” la que determinó la “insuficiencia de elementos de prueba” contra Blasco y el resto de investigados, según indica el fiscal Anticorrupción.