Notarios, opacidad y “obstáculos de todo tipo”: la batalla de la oposición a Rita Barberá para fiscalizar la caja B del PP

Ana Botella Gómez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de València, trató de rastrear el dinero público que el consistorio de Rita Barberá destinaba a las fundaciones municipales implicadas en la supuesta caja B del PP para la campaña electoral de 2007. Botella compareció en calidad de testigo este jueves en la tercera sesión del juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' y relató, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el trabajo de fiscalización del PSPV-PSOE de las fundaciones que nutrieron de fondos al entramado de Laterne, encargado de la campaña de Rita Barberá. “Me llamó la atención las importantes cantidades de dinero que se destinaban a determinadas entidades”, afirmó la exconcejal.

Ana Botella, funcionaria, conocía perfectamente los procedimientos legales de las subvenciones y le chirrió que “fuera tan fácil sacar siete millones de euros para una fundación y no tener ningún retorno”. Sin embargo, la edil socialista se topó con “obstáculos de todo tipo” y la negativa del entonces vicealcalde, Alfonso Grau, acusado en el juicio del 'caso Taula', a entregar documentación.

A pesar de tratarse de fundaciones municipales, “hubo una pantalla” que impedía “ver nada” a la oposición, afirmó en referencia a la opacidad del consistorio gobernado por Rita Barberá. “Era obstrucción y falseamiento de la información con burla e impunidad”, abundó durante su declaración ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

La expolítica socialista acudió al juicio con varias actas notariales que dejaron constancia de que acudía a las fundaciones municipales y no le entregaban la información solicitada, referida a la contabilidad. “Nos encontramos siempre ante una pared”, dijo la testigo.

El grupo socialista tuvo que contratar los servicios de un notario para dar fe de la opacidad de Rita Barberá. “Me personaba avisando de que iba a ir y me lo negaban; para cubrir esa contingencia iba con un notario porque, si no, me decían que no había ido”, explicó Ana Botella ante la atenta mirada del acusado Alfonso Grau y de los dos responsables de fundaciones municipales acusados, José Salinas y Juan Eduardo Santón.

Aunque los socialistas iban poco a poco “afinando” el tiro, no pudieron obtener las cuentas de una de las fundaciones hasta 2010, tres años después de haber iniciado la batalla con mociones, preguntas y peticiones de documentación. “El grado de sospecha empezaba a ser preocupante”, rememoró en la sala del juicio.

Poco a poco el equipo de Gobierno de Rita Barberá empezó a aflojar el candado y entregó algún documento. Así obtuvieron un informe abonado por una de las fundaciones que resultó ser un “copia y pega”.

Otro de los frentes que batalló Ana Botella fue el Centro de Estrategia y Desarrollo (CEyD), una fundación pública municipal sin ánimo de lucro que supuestamente inyectó fondos a la campaña de Rita Barberá a través del entramado de Laterne. “Descubrimos que, durante cuatro o cinco años, las cuentas se habían formulado falsamente”, afirmó Botella, quien también apostilló que “se vulneraron derechos fundamentales” de la oposición en su labor política de fiscalización. Cuando los socialistas denunciaron los hechos en 2010, se tuvo que convocar una asamblea extraordinaria de la entidad para arreglar el desaguisado contable.

Grau fue uno de los que más criticó al PSPV-PSOE en aquella época por intentar husmear en los chanchullos municipales, según recordó Botella, quien también destacó que ni el interventor ni el secretario municipal “se dieron por aludidos”. “El trabajo de fiscalización no era muy bien recibido”, afirmó la también exdelegada del Gobierno en València y exdiputada en el Congreso.

En un momento de su declaración, el acusado José Salinas, exresponsable de la Fundación Turismo Valencia, le espetó: “Eso no es verdad”. Tras la reprimenda del magistrado que preside el tribunal por interrumpir a la testigo, Salinas expresó sus “más sinceras disculpas” por la breve salida de tono.

El dopaje electoral: de 'Taula' a 'Azud'

Los socialistas rascaron la superficie de la presunta caja B del PP de València, unas pesquisas que retomó Compromís en los últimos ejercicios del mandato de Rita Barberá. De hecho, Compromís ejerce la acusación popular en el juicio de la pieza A del 'caso Taula'.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular solicitan para Grau nueve años de prisión por un presunto delito de malversación y otro de cohecho; cinco años para Salinas y Santón por malversación; y un año para María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por cohecho. La UCO, según explicaron varios de sus agentes durante la primera sesión del juicio, sostiene que el PP de Rita Barberá pudo haber gastado hasta dos millones de euros en la campaña de 2007, a pesar de que la normativa electoral fijaba un tope de 150.000 euros.

Paradójicamente, de las pesquisas de la pieza A del 'caso Taula' nació otra macrocausa de presunta corrupción —'Azud'— que investiga la presunta financiación en B del PSPV-PSOE en València durante la campaña electoral de 2007, con Carmen Alborch de candidata. En el 'caso Azud' figuran como investigados Rafael Rubio, entonces edil socialista en el Ayuntamiento de València, y José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y abogado de la defensa de García Fuster en el juicio del 'caso Taula'.

Ingresos en efectivo en Laterne: “No es lo normal”

En la tercera sesión del juicio, tras la retractación de uno de los testigos clave de la causa, compareció una extrabajadora de Laterne que explicó que fue obligada a cambiar conceptos en determinadas facturas. “Eran facturas de cliente, no tenía nada que ver con proveedores. Nos dijeron: tomad facturas y poned otro concepto”, dijo la testigo.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, preguntó a otra extrabajadora de Laterne por un ingreso en efectivo de 400.000 euros en 2008. La mujer contestó que “esa cantidad de dinero no es normal. Ni en Laterne ni en ningún sitio es normal. No se cobran estas cantidades en efectivo”. “No es lo normal en ninguna empresa ni tan siquiera recibir pagos en efectivo”, apostilló.