El transfuguismo es una mancha para todos los partidos, aunque algunos le den más importancia que otros. La formación que lidera Albert Rivera tiene importantes salpicaduras en la Comunidad Valenciana; Fernando Sepulcre y José Enrique Aguar son las de mayor envergadura, al ser diputados provinciales, pero en los ayuntamientos se han dado numerosos casos de representantes expulsados del partido que no han renunciado al su acta como Isidor Mollà en Benissa, Purificación Lluc en La Font de la Figuera, Francisco e Ignacio Soler, representantes de Santa Pola; Rosa Ana Villanueva y Carlos Vallbuena, de Torreblanca, Ismael Corell en Turís y dos concejales de Vilamarxant. Todos por apoyar alcaldías de Compromís.
La nueva portavoz de la formación naranja en la Comunidad Valenciana, Mari Carmen Sánchez, se muestra especialmente preocupada por este golpe a la reputación del partido y quiere tomar medidas para evitar el transfuguismo en la medida de lo posible. Su equipo, como ha explicado durante un desayuno informativo, está trabajando en un nuevo pacto antitransfuguismo de ámbito autonómico. El actual acuerdo, vigente a nivel estatal, se revisó por última vez en 2006 y ni Ciudadanos ni Podemos participaron de la firma y su líder considera que deben tener presencia.
“Es un problema que en algún momento u otro nos ha afectado a todos”, se excusa Sánchez, quien intentará que el pacto esté listo antes de verano y se pueda hacer efectivo durante esta legislatura. Lo cierto es que Sánchez lo tiene complicado, porque las actas de los ayuntamientos se rigen por la ley de régimen local y les Corts tiene su propio reglamento al respecto, que establece que los diputados expulsados de un grupo no pueden pasar al grupo mixto, si no a 'no adscritos'. En España, las actas de diputados, senadores y concejales son personales.
En el caso de las corporaciones provinciales es quizá donde Ciudadanos tuviera algo de margen para actuar. Como defiende la líder, los diputados provinciales lo son en la medida que representan a un ayuntamiento, pero los elige el partido. Como la elección es indirecta, la portavoz cree que tendrían posibilidad de revocarla.
En otras autonomías como Castilla-La Mancha, la formación naranja estudia llevar al tribunal contencioso-administrativo los casos de transfugismo. El acuerdo define como “tránsfugas” a los representantes electos que se apartan del “criterio fijado” por sus organizaciones o que, habiendo sido expulsados, pactan con otras fuerzas.
Endurecer la oposición al Consell
Por otro lado, la nueva líder, también portavoz en les Corts, augura un cambio de estrategia en la cámara. Sánchez quiere llevar una línea más dura con el Ejectivo, que “no lo está haciendo tan bien como dice”, para alejarse del acercamiento a Compromís y PSPV que parecía tener su antecesor.
Sin embargo, tampoco pretende acercarse al espacio del PP, de quien considera que no están en situación de sacar pecho de nada, ni si quiera de la oposición a la supresión de las aulas de la escuela concertada ni del decreto de plurilingüismo. “Queremos consolidarnos como centro”.